EXPLICACIONES
Atutxa considera nula su condena por la «parcialidad» de un magistrado
SOLIDARIDAD. La secretaria del PNV, Belén Greaves, con Atutxa, Bilbao y Knörr. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ
El ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, pedirá al Tribunal Constitucional que anule la condena impuesta por el Supremo al considerar que el juicio no cumplió con todos los requisitos de «imparcialidad» que consigna la Constitución. Como principal argumento esgrimirá ahora los antecedentes profesionales de uno de los magistrados de la Sala Especial del artículo 61 que intervino en su caso, Manuel Marchena, que además fue el ponente de la sentencia por la que se le inhabilita durante año y medio para ejercer cargo público por haberse negado a disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak hace cinco años.
La defensa de Atutxa cargará contra este juez, que en 2003 formaba parte del equipo del entonces Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal. Fue el Ministerio Público el que ordenó a la Fiscalía del Tribunal Superior vasco que iniciara el procedimiento penal contra Atutxa y dos de los integrantes de la Mesa del Parlamento, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao -la única que permanece en el puesto-. Tiempo después se sumaría a la causa como acusación popular la asociación Manos Limpias.
Los abogados del ex presidente de la Cámara vasca, encabezados por el letrado Alberto Figueroa, creen que la presencia de Marchena dentro de la Fiscalía General del Estado en el momento en que dio inicio la causa le «invalida» para haber participado en los debates del Tribunal Supremo. Entienden que el magistrado, que en opinión de la defensa ocupaba un «cargo de confianza» como «número dos de Cardenal», debió abstenerse en las deliberaciones, igual que hizo su compañero de Sala Enrique Bacigalupo. Al no haberlo hecho, consideran que el proceso queda «viciado» porque Marchena tenía formado un «criterio previo» que anula la «imparcialidad» que se le presupone a todo juez. «Es un caso de libro», sintetizó ayer Figueroa.
«Cardenal -resumió el propio Atutxa en una comparecencia pública- tenía como mano derecha a quien en esta ocasión ha actuado de ponente y de juez, y yo añado de parte, sin duda alguna. ¿Qué imparcialidad cabe esperarse de una persona de esta trayectoria?». Este argumento centrará el incidente de nulidad de actuaciones que la defensa presentará en los próximos días ante el Constitucional, y que se sumará a los nueve recursos de amparo que, algunos desde 2003, están a la espera de resolución en este tribunal. En esta línea pedirán al Supremo que aclare qué cargos públicos no pueden asumir los condenados.
Sin intención
La intervención de Atutxa, acompañado de Bilbao, en un céntrico hotel bilbaíno, reiteró las críticas que el ex presidente del Parlamento vasco ha realizado sobre la actuación de «algunos jueces» en los últimos años. Además de proclamar su inocencia, que tiene «la cabeza bien alta» y advertir de que «la última palabra está aún por decir», insistió en que ninguno de los tres condenados «tuvo la intención de desobedecer» la orden del Supremo de disolver a Sozialista Abertzaleak dentro del proceso de ilegalización de Batasuna.
Y lanzó una advertencia a los magistrados del Supremo: «la última palabra está todavía por decir, tiempo al tiempo, porque éste pone a cada uno en su sitio, incluso a los miserables». En un acto en el que los dos condenados estuvieron arropados por dirigentes de PNV y EB como Iñigo Urkullu, Belén Greaves, José Ferrera e Igor Irigoyen, Atutxa volvió a asegurar que la condena obedece a una «decisión marcada desde la política y que la defensa ha tenido infructuosamente que «luchar contra viento y marea».
El ex dirigente peneuvista calificó de «error» la condena impuesta y reconoció que «nunca» pudo imaginarse que el Supremo «entrara por el tejado del Parlamento y se apropiara de unas funciones que no le corresponde» porque, en su opinión, son exclusivas de la Cámara vasca «nacida del esfuerzo de los ciudadanos» vascos.
La defensa de Atutxa cargará contra este juez, que en 2003 formaba parte del equipo del entonces Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal. Fue el Ministerio Público el que ordenó a la Fiscalía del Tribunal Superior vasco que iniciara el procedimiento penal contra Atutxa y dos de los integrantes de la Mesa del Parlamento, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao -la única que permanece en el puesto-. Tiempo después se sumaría a la causa como acusación popular la asociación Manos Limpias.
Los abogados del ex presidente de la Cámara vasca, encabezados por el letrado Alberto Figueroa, creen que la presencia de Marchena dentro de la Fiscalía General del Estado en el momento en que dio inicio la causa le «invalida» para haber participado en los debates del Tribunal Supremo. Entienden que el magistrado, que en opinión de la defensa ocupaba un «cargo de confianza» como «número dos de Cardenal», debió abstenerse en las deliberaciones, igual que hizo su compañero de Sala Enrique Bacigalupo. Al no haberlo hecho, consideran que el proceso queda «viciado» porque Marchena tenía formado un «criterio previo» que anula la «imparcialidad» que se le presupone a todo juez. «Es un caso de libro», sintetizó ayer Figueroa.
«Cardenal -resumió el propio Atutxa en una comparecencia pública- tenía como mano derecha a quien en esta ocasión ha actuado de ponente y de juez, y yo añado de parte, sin duda alguna. ¿Qué imparcialidad cabe esperarse de una persona de esta trayectoria?». Este argumento centrará el incidente de nulidad de actuaciones que la defensa presentará en los próximos días ante el Constitucional, y que se sumará a los nueve recursos de amparo que, algunos desde 2003, están a la espera de resolución en este tribunal. En esta línea pedirán al Supremo que aclare qué cargos públicos no pueden asumir los condenados.
Sin intención
La intervención de Atutxa, acompañado de Bilbao, en un céntrico hotel bilbaíno, reiteró las críticas que el ex presidente del Parlamento vasco ha realizado sobre la actuación de «algunos jueces» en los últimos años. Además de proclamar su inocencia, que tiene «la cabeza bien alta» y advertir de que «la última palabra está aún por decir», insistió en que ninguno de los tres condenados «tuvo la intención de desobedecer» la orden del Supremo de disolver a Sozialista Abertzaleak dentro del proceso de ilegalización de Batasuna.
Y lanzó una advertencia a los magistrados del Supremo: «la última palabra está todavía por decir, tiempo al tiempo, porque éste pone a cada uno en su sitio, incluso a los miserables». En un acto en el que los dos condenados estuvieron arropados por dirigentes de PNV y EB como Iñigo Urkullu, Belén Greaves, José Ferrera e Igor Irigoyen, Atutxa volvió a asegurar que la condena obedece a una «decisión marcada desde la política y que la defensa ha tenido infructuosamente que «luchar contra viento y marea».
El ex dirigente peneuvista calificó de «error» la condena impuesta y reconoció que «nunca» pudo imaginarse que el Supremo «entrara por el tejado del Parlamento y se apropiara de unas funciones que no le corresponde» porque, en su opinión, son exclusivas de la Cámara vasca «nacida del esfuerzo de los ciudadanos» vascos.
