
Juan Antonio Roca, junto a su abogado, a su llegada hoy a la Audiencia Nacional. /EFE
¿De dónde saca el dinero?
Tres millones de euros deberá pagar Roca para eludir la pena de prisión que ha dictado hoy el juez contra él. A estos tres millones impuestos por el juez de la Audiencia Nacional, que sustituye a Del Olmo, se deberán restar los 450.000 euros que Roca ya pagó de fianza por este caso. Para determinar la cantidad de la fianza el juez ha tenido en cuenta que esa cantidad pagada anteriormente fue reunida en el plazo de 24 horas.
Para Ruz, todo ello "hace presumir que el acusado cuenta con amistades y vínculos familiares" que puedan hacer frente al importe de la fianza y se refiere a "sospechas existentes en cuanto a la posesión por el acusado de patrimonio en el extranjero, de difícil o imposible judicial". "La cuantía fijada se considera de suficiente entidad e importancia como para conjugar el riesgo de sustracción a la acción de la justicia por parte del acusado", añade el auto.
El juez Ruz cita concretamente el testimonio de particulares que apuntan a que Roca es titular de cuentas bancarias en "territorios calificados como paraísos fiscales", entre los que se mencionan el Principado de Andorra, las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas, Suiza y la Isla de Man. El juez asegura que ese patrimonio es "de difícil control e incautación judicial".
La elevada fianza responde al riesgo de fuga por la proximidad del juicio y a las otras 44 causas que tiene pendientes
Roca se encuentra actualmente en los calabozos de la Audiencia Nacional a la espera del traslado a la cárcel de Soto del Real
El 'caso Saqueo I' investiga el supuesto desvío de 26,7 millones de euros del consistorio marbellí a empresas privadas entre 1991 y 1995
El juez central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha acordado el ingreso en prisión del ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, bajo fianza de 3 millones de euros, por su implicación en el caso denominado 'Saqueo I'.
La elevada fianza responde al riesgo de fuga que, según el juez, reviste "visos de elevada probabilidad" debido a la proximidad del juicio por esta causa, en la que se enfrenta a una pena de 10 años ("fundada en sólidos indicios de criminalidad contra su persona que han reforzado la presunción de su irregular proceder"), y los varios procedimientos que tiene abiertos, existen otras 44 actuaciones judiciales pendientes.
Roca se encuentra actualmente en los calabozos de la Audiencia Nacional a la espera de ser trasladado a la cárcel madrileña de Soto del Real. Minutos antes de que se conociera la resolución. la hija del acusado entró en la Audiencia con una bolsa que, previsiblemente, contendría el equipaje y la documentación con la que el ex asesor entrará en prisión tan sólo una semana después de haber quedado en
libertad.
26,7 millones desviados del Ayuntamiento
Juan Antonio Roca ha comparecido ante Ruz durante más de hora y media, en su declaración ha alegado ser víctima de un "linchamiento político-mediático" por parte de "particulares" con el "único interés de que se acuerde su prisión provisional". Según consta en el Auto, Roca considera que ese "linchamiento" responde a "motivos e iniciativas ajenas al procedimiento judicial" y matizan "determinados aspectos relacionados con su situación laboral actual así como con el origen de los procedimientos judiciales que tiene pendientes".
Por su parte, Félix Romero, segundo teniente de alcalde y portavoz del Ayuntamiento marbellí -entidad personada como acusación particular en la causa- ha asegurado a su salida de la Audiencia que, si bien la resolución no es "óptima" pues, como acusación particular quería "más cautelas y garantías" para recuperar los bienes sustraídos para el consistorio, la misma les hace "estar más conformes que lo que estábamos al venir a la vistilla".
El 'caso Saqueo I' investiga el supuesto desvío de 26,7 millones de euros del consistorio marbellí a empresas privadas entre 1991 y 1995. Se trata de una causa judicial que tiene su origen en una querella presentada por el Ministerio Fiscal en febrero de 2002 y en la que también fue imputado, junto con otras seis personas, el entonces alcalde de Marbella, el ya fallecido, Jesús Gil.