
EL PROYECTO
El Gabinete Lazcoz sabía que la noticia estaba al caer. Y es que el pasado viernes expiró el plazo para que los vecinos afectados por los trabajos pagaran los 12,2 millones de euros que el magistrado les exigió para que las firmas adjudicatarias mantuvieran sus máquinas paradas, sin que aportaran esa fianza.
Según el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Juan Carlos Martínez, con este último capítulo arranca una nueva etapa de «rigor y concierto» y se cierra otra de «desorden e inseguridad jurídica», dijo en alusión a las 270 deficiencias que técnicos municipales encontraron en el proyecto de urbanización de la zona. Aquellos errores obligaron al Ayuntamiento a elaborar otro documento.
En medio, y para terminar de complicar el desarrollo de la controvertida intervención, -el pasado 18 de octubre- un juez decretó la paralización de las obras para preservar los intereses de los residentes que viven entre los números 64 y 72 de la calle Florida. Los afectados mantenían un litigio con el Ayuntamiento al no haber aprobado éste aún el nuevo plan de urbanización de la manzana.
Planes «hipotecados»
A punto ahora de quedar atrás, este parón de algo más de medio año tendrá «graves» efectos para la ciudad, advierte el concejal de Urbanismo. Y es que la construcción de un aparcamiento subterráneo con 780 plazas y de una plaza pública de 12.000 metros cuadrados -el siguiente paso del proyecto- no se podrán culminarán hasta la primavera de 2010.
«Este retraso ha hipotecado la puesta en marcha del plan de movilidad sostenible -no puede arrancar hasta que la red de parkings perimetrales termine con el de la plaza de toros-, la peatonalización del Ensanche y la actividad en el multiusos. No puede acoger ningún acto masivo, a excepción de ferias taurinas, dado que en los próximos dos años el entorno va a estar obras», señaló el edil del PSE.
Según el acuerdo que el Ayuntamiento firmó con las constructoras en 2004, éstas levantarán una plaza de toros multiusos -ya concluida-, el aparcamiento y la plaza pública. Todo ello pasará a ser propiedad de la ciudad y el Consistorio recibirá, además, 7,3 millones de euros en metálico.
Para costear esas infraestructuras y ganar dinero, FCC edificará y venderá alrededor de 22.000 metros cuadrados de oficinas y locales comerciales, pisos tutelados y 98 viviendas de lujo. El equipo municipal de gobierno calcula que esta última fase, que pondrá la guinda a la actuación urbanística», estará lista a «finales de esta legislatura o primeros de la siguiente». Esto es, entre 2011 ó 2012.









