Todos los partidos respaldaron a estas familias y se mostraron dispuestos a estudiar sus planteamientos. PP y PSE-EE avanzaron que plantearán iniciativas para que «no se criminalice» estas iniciativas, y se reconozca la opción educativa de manera legal. La presidenta de ALE, Sorina Oprean, reclamó la opción de educar en casa por motivos «pedagógicos, religiosos o morales», y negó que esta iniciativa suponga un «abandono» de los menores.







