ENERGÍA NUCLEAR
La Fiscalía investiga el escape de Ascó
Pretende esclarecer si ha habido responsabilidades en la emisión de partículas radiactivas Los análisis realizados a 900 operarios expuestos arrojan resultados negativos
Un camión pasa bajo los arcos que el lunes detectaron radiactividad en una chatarrería de Tarragona. / EFE
La Fiscalía de Tarragona ha decidido abrir una investigación para determinar si existen indicios de delito en la emisión de partículas radiactivas que se produjo el pasado mes de noviembre en la central nuclear de Ascó I. Fuentes judiciales han informado de que dichas actuaciones establecerán si han existido responsabilidades en el escape y en la posterior gestión del incidente.
Las diligencias, abiertas de oficio por el ministerio público, se suman a la denuncia que Greenpeace y Ecologistas en Acción han presentado ante el Fiscal por la liberación de radiactividad al medio ambiente provocada por la central de Ascó y en la que se pide una investigación sobre el suceso y el inicio de acciones penales.
Carlos Bravo, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, ha explicado que han recibido quejas de trabajadores de la central. Los empleados afirman que no supieron de la emisión de partículas radiactivas hasta abril, cinco meses después del suceso. Ni siquiera los operarios más cualificados que trabajaban en la sala de control supieron de lo ocurrido hasta ese mes, según han denunciado algunos trabajadores.
El titular de la planta de Ascó I (Asociación Nuclear Ascó-Vandellós) deberá presentar en junio al CSN un informe de evaluación en profundidad y de la máxima calidad para determinar cuáles son las lagunas de la organización que han hecho posible el escape radiactivo y los errores posteriores en la información del suceso. El titular deberá contratar a una empresa externa e independiente para que chequee la gestión de la compañía.
El caso del camión
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) hizo pública ayer su versión sobre la detección de un camión contaminado procedente de Ascó I y localizado en una empresa del municipio de Selva del Camp. Para el CSN, el hallazgo de produjo «al activarse la alarma del pórtico de detección de radiación de la empresa de reciclado de materiales metálicos Hidesa, con la que la central tiene contratada la gestión final de los residuos no radiactivos».
La detección, apunta el CSN, se produjo el pasado lunes. Una unidad móvil del Ciemat detectó las partículas contaminadas (que se encontraban en un cargamento de tierra) y las introdujo en cuatro bolsas (no se indica el peso total del material recogido), que fueron devueltas a Ascó para su análisis. El CSN, que reconoce la presencia de cobalto 60, ha clasificado el hecho, de forma provisional, en el nivel 1 de la Escala Internacional de Sucesos Notificables y, asegura, «ha requerido al titular» de la central «para que no se produzca ningún movimiento de salida de materiales de la instalación sin un completo control previo». Ni este incidente ni el registrado en la central de Ascó en noviembre aparecen, de momento, consignados en la Reseña de Sucesos Notificables que posee la página web del CSN.
El CSN ha fijado en 1.550 el número de empleados (de plantilla y empresas subcontratadas) que deberán ser sometidos a controles de contaminación. En los primeros 900 analizados los resultados han constatado «la ausencia de contaminación radiactiva».
Las diligencias, abiertas de oficio por el ministerio público, se suman a la denuncia que Greenpeace y Ecologistas en Acción han presentado ante el Fiscal por la liberación de radiactividad al medio ambiente provocada por la central de Ascó y en la que se pide una investigación sobre el suceso y el inicio de acciones penales.
Carlos Bravo, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, ha explicado que han recibido quejas de trabajadores de la central. Los empleados afirman que no supieron de la emisión de partículas radiactivas hasta abril, cinco meses después del suceso. Ni siquiera los operarios más cualificados que trabajaban en la sala de control supieron de lo ocurrido hasta ese mes, según han denunciado algunos trabajadores.
El titular de la planta de Ascó I (Asociación Nuclear Ascó-Vandellós) deberá presentar en junio al CSN un informe de evaluación en profundidad y de la máxima calidad para determinar cuáles son las lagunas de la organización que han hecho posible el escape radiactivo y los errores posteriores en la información del suceso. El titular deberá contratar a una empresa externa e independiente para que chequee la gestión de la compañía.
El caso del camión
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) hizo pública ayer su versión sobre la detección de un camión contaminado procedente de Ascó I y localizado en una empresa del municipio de Selva del Camp. Para el CSN, el hallazgo de produjo «al activarse la alarma del pórtico de detección de radiación de la empresa de reciclado de materiales metálicos Hidesa, con la que la central tiene contratada la gestión final de los residuos no radiactivos».
La detección, apunta el CSN, se produjo el pasado lunes. Una unidad móvil del Ciemat detectó las partículas contaminadas (que se encontraban en un cargamento de tierra) y las introdujo en cuatro bolsas (no se indica el peso total del material recogido), que fueron devueltas a Ascó para su análisis. El CSN, que reconoce la presencia de cobalto 60, ha clasificado el hecho, de forma provisional, en el nivel 1 de la Escala Internacional de Sucesos Notificables y, asegura, «ha requerido al titular» de la central «para que no se produzca ningún movimiento de salida de materiales de la instalación sin un completo control previo». Ni este incidente ni el registrado en la central de Ascó en noviembre aparecen, de momento, consignados en la Reseña de Sucesos Notificables que posee la página web del CSN.
El CSN ha fijado en 1.550 el número de empleados (de plantilla y empresas subcontratadas) que deberán ser sometidos a controles de contaminación. En los primeros 900 analizados los resultados han constatado «la ausencia de contaminación radiactiva».
