El magistrado, que les tomó declaración en su despacho, les imputa los delitos de integración en organización armada, estragos y daños terroristas. Según fuentes jurídicas, esta operación no está finalizada y la Policía está buscando a otras nueve de personas. La Policía sostiene que el grupo desarticulado tenía el encargo de cometer atentados mediante el lanzamiento de artefactos explosivos e incendiarios contra las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzaintza, edificios oficiales, sedes de partidos políticos, entidades bancarias y de ahorro, estaciones y unidades de ferrocarril, transportes públicos y mobiliario urbano. En la operación se localizó documentación sobre cargos socialistas de Rentería así como pegatinas con la fotografía de un edil de la localidad en el centro de una diana.
A todos los detenidos se les relaciona con las principales acciones de terrorismo callejero desarrolladas en Rentería, Oiartzun y Lezo desde 2005. Grande-Marlaska acordó prisión incondicional para cinco de ellos, fianzas de 6.000 y 3.000 euros para otros cuatro y uno quedó en libertad, aunque se estableció que deberá comparecer cada quince días ante el juez.







