
BALANCE
En su primer año de vida, 8.000 personas han acudido a la Diputación para solicitar su valoración. De éstas, casi 6.500 (el 81%) ya conocen si su grado de dependencia es grave (III), moderada (II) o leve (I) -cada uno, además, tiene dos niveles-. La calificación no es baladí ya que en función de uno u otro, una persona puede quedarse sin ayudas económicas para el cuidado en el entorno familiar.
Como estipula la ley, en el presente año, sólo podrán optar a esta prestación los valorados con el grado tres o el grado dos, nivel 2. Para los primeros, las cuantías serán de 507 euros mensuales, mientras que para los segundos, de 406. Hasta la fecha, 1.586 personas se benefician ya de estas ayudas. El año que viene, podrán incorporarse las valoradas con el grado II nivel 1, mientras que no será hasta 2014, cuando la perciban los de grado I.
Además de la prestación para el cuidado familiar, existe una segunda de calado económico destinada a los dependientes que están ingresados en una residencia privada para ayudarles a sufragar el pago de su estancia. Estas ayudas, a las que pueden optar tanto los de grado III como los de I, oscilan desde 508 a 1.000 euros. A diferencia de la anterior prestación, aquí existen condicionantes como la edad y el nivel de renta. Según las cifras aportadas ayer por la diputada de Política Social y Asuntos Sociales, Covadonga Solaguren, 301 alaveses ya cobran esta subvención.
Listas de espera
El balance del primer año de la Ley de Dependencia también ha revelado que el 60% de las personas que han sido valoradas tienen más de 80 años. De ellas, 39 han cumplido los 100. La franja de edad que más dependientes engloba es la comprendida entre 85 y 89, con casi el 21% del total. Por contra, más de un 5% tiene menos de 29 años.
Con el paso del tiempo, la avalancha inicial de solicitudes se ha calmado, con una media de 473 casos al mes. Sin embargo, se han dado periodos, como diciembre, en el que se recibieron 1.200 solicitudes, un hecho que llevó a la Diputación a duplicar el personal. Las estimaciones forales revelan que un 5% de la población alavesa de más de cinco años -en torno a 13.200 personas- tiene algún tipo de discapacidad, por lo que se esperan que las peticiones de ayudas sigan llegando.
Este primer año de desarrollo de la ley se ha visto empañado en Álava por el déficit de plazas residenciales públicas, primera opción que la Diputación debe ofrecer a un dependiente. Sin embargo, como adelantó este periódico, la opción de las ayudas económicas ha llevado a 250 familias a renunciar a una lista de espera que ha bajado hasta las 160 personas, aunque existen 200 expedientes sin tramitar en las oficinas del IFBS.









