El Correo Digital

Es posible que para no pocos ingresados en hospitales la visita de un clérigo pueda resultar espiritualmente reconfortante, incluso que le produzca un cierto efecto placebo en sus dolencias físicas. La salud y la enfermedad son palabras mayores que cada uno pronuncia con dicción propia. Pero lo que unos reciben como provecho puede incomodar a otros. Todavía hay habitaciones de hospitales públicos en cuyas paredes cuelgan crucifijos, símbolos seguramente molestos para quienes profesen creencias diferentes a las de la mayoría. No debe de ser muy agradable despertarse en mitad de una pesadilla o estar retorciéndose de dolor y ver a los pies de la cama la figura de un hombre malherido y clavado a una cruz que sangra por el costado y por las palmas de las manos. Devociones aparte, el enfermo está en todo el derecho de juzgar semejante detalle ornamental como un signo de mal gusto y pedir que lo retiren de su vista. Se diría que la Iglesia católica no se resigna a ceder un terreno que en otro tiempo ocupó a sus anchas y donde aún permanece en abierto desafío a la lógica del progreso y de la aconfesionalidad. Lo que sorprende más todavía es que una institución pública como la Comunidad de Madrid haya aprobado la presencia de representantes de la Iglesia en los comités de ética y de cuidados paliativos de los hospitales dependientes de ella. Tal vez sea cierto que esa presencia no tendrá otro valor que el testimonial, como han aclarado los responsables, y que los miembros del clero no intervendrán activamente en decisiones que afectan a la vida y al sufrimiento de los pacientes. Pero entonces lo lógico sería no nombrar a nadie para esos puestos. A estas alturas del siglo veintiuno carece de sentido entrometer la fe y sus ministros en los asuntos del organismo humano. Y más aún si se tiene en cuenta la paulatina incorporación a nuestras sociedades de personas de diferentes creencias, que en bastantes casos imponen preceptos y vetos susceptibles de complicar hasta lo inimaginable la tarea de los médicos. ¿Qué pasaría si hubiera de hacerse caso a todos ellos? Cuando un enfermo creyente solicita los servicios de un sacerdote o de un hechicero de su tribu no debiera haber inconveniente en permitir a sus familiares que se los proporcionasen, con dos únicas condiciones. La primera, que no pretendan reemplazar a los profesionales. La segunda, que no espanten a otros pacientes con sus indumentarias, sus ritos o sus rezos. No es misión de los organismos públicos ponerlos en plantilla. Y menos cuando en esos hospitales se ha librado recientemente una de las refriegas más marrulleras que se recuerdan a propósito de un asunto tan sensible como la sedación de enfermos terminales.