MUNDO
La corrupción balcánica asusta a la UE
La constatación de graves quiebras democráticas en países como Bulgaria y Rumanía ha puesto en guardia a Bruselas de cara a la ampliación comunitaria a otros estados de la región
27.04.08 -
ALEGRÍA. Miles de rumanos celebran en las calles de Bucarest la entrada de su país en la UE el 1 de enero de 2007. / AP
La UE lleva ya un par de años hablando de la «perspectiva europea» de los países que en los Balcanes occidentales no se han adherido todavía a la Europa comunitaria. Mientras, la OTAN, que suele ser más expeditiva que la Unión en estas cuestiones, dio a comienzos de mes su visto bueno a la entrada en su seno de naciones como Croacia y Albania, cuya vertebración interna es poco menos que inexistente. Sobre todo en el caso de la segunda. Y tiene en la antesala a Macedonia, otro Estado de condición estructural gaseosa, a la espera de una resolución del contencioso que alientan Atenas y Skopje sobre el nombre del país.
Con estos ruidos de fondo no es aventurado afirmar que en un plazo de tiempo indeterminado todavía, pero más pronto que tarde, Europa va a tener a sus puertas a un nuevo grupo de candidatos. Albania, Montenegro, Macedonia o Serbia forman el nuevo ramillete de aspirantes que, con distintos grados de urgencia, se prepararan para hacer sonar la aldaba de la UE. No son los únicos que aspiran a hacerlo: Moldavia, Ucrania y Georgia sueñan con bañarse algún día en la cálida prosperidad de Occidente.
El problema estriba en que la experiencia que la UE tiene ya de abrirse a países con escasa -o nula- cultura democrática, por razones estrictamente políticas, es decepcionante. Rumania y Bulgaria son, desde enero del año pasado, los socios vigesimosexto y vigesimoséptimo de la Unión, y se han convertido en un quebradero de cabeza para la Europa comunitaria debido a sus elevados índices de criminalidad y corrupción.
Esta semana, el jefe del Gobierno búlgaro, Sergey Stanishev, ha destituido a tres ministros por mantener connivencias con empresarios mafiosos. Una semana antes les había precedido el poderoso ministro de Interior, Rumen Petkov, por los mismos motivos. Petkov admitió haber mantenido contactos con supuestos 'capos' cuando el país se veía sacudido por un enésimo escándalo de filtraciones de los servicios de seguridad y judiciales a organizaciones criminales.
La renuncia del titular de Interior fue inevitable después de que la coalición gubernamental, liderada por los socialistas, superara por escaso margen un voto de censura en el Parlamento. Esta moción se suscitó después de que el país sumara en su haber más de 120 asesinatos por contrato desde 2001, jamás esclarecidos, el último de ellos en la persona de Georgi Stoev, un conocido escritor que denunciaba las prácticas de las mafias locales.
En Rumania, como en Bulgaria, los informes que la Comisión Europea ha elaborado para desvelar el grado de adecuación de ambos países a los estándares democráticos, las advertencias sobre la gran criminalidad y su infiltración en las instancias decisorias son constantes. El nuevo ministro de Justicia, Catalin Prediou, se declaraba optimista ante el futuro, después de haber logrado poner en marcha una Agencia para la integridad nacional dedicada a supervisar y castigar comportamientos corruptos de los funcionarios civiles del Estado. Uno de sus predecesores fue forzado a dimitir, acusado de participar en transacciones ilegales de tierras. El cargo quedó vacante tres meses porque el presidente y el primer ministro no lograban ponerse de acuerdo sobre el sucesor.
Un «agujero negro»
Existe una impresión generalizada, tanto entre las opiniones públicas de ambos países como en Bruselas, de que los viejos aparatos comunistas, con imbricaciones históricas en el tráfico de armas, de drogas y en la delincuencia de altos vuelos, se han reciclado en los nuevos aparatos del Estado, y que influyen extraordinariamente en ellos. En esta percepción encajarían las impresiones del comisario de Ampliación, que considera a Bulgaria y Rumanía un «agujero negro».
El pasado febrero, cuando Francia buscaba recuperar su posición privilegiada ante las autoridades de Bucarest, la CE acusó a los poderes locales de «cerrar los ojos ante la corrupción de alto nivel», de no haber alcanzado «resultados convincentes» en la lucha contra la corrupción y de acumular retrasos en la reforma del sistema judicial.
A Bulgaria, la Comisión le ha congelado el envío de fondos agrícolas para un programa denominado Sapard, porque se ha demostrado que los destinatarios finales tenían que compartir una parte de las ayudas con un tal Ludmil Stoïkov. Lo ha probado el Parlamento, pero la magistratura no ha apreciado delito alguno en ese comportamiento.
Y el año pasado dimitió Roumen Ovtcharov, ministro de Economía, por abuso de poder, pero sigue siendo el presidente del Partido Socialista en Sofía, y nadie le pregunta cómo ha conseguido los 600.000 euros en los que está tasada su fastuosa mansión. Por lo demás, hay en Bulgaria un viceministro de Exteriores, Pétar Tchaouchev, que tiene también pasaporte turco, gracias al cual puede actuar como un hombre de negocios ordinario, con la moral de los empresarios ordinarios, pero no con la de un representante del Estado.
Con estos ruidos de fondo no es aventurado afirmar que en un plazo de tiempo indeterminado todavía, pero más pronto que tarde, Europa va a tener a sus puertas a un nuevo grupo de candidatos. Albania, Montenegro, Macedonia o Serbia forman el nuevo ramillete de aspirantes que, con distintos grados de urgencia, se prepararan para hacer sonar la aldaba de la UE. No son los únicos que aspiran a hacerlo: Moldavia, Ucrania y Georgia sueñan con bañarse algún día en la cálida prosperidad de Occidente.
El problema estriba en que la experiencia que la UE tiene ya de abrirse a países con escasa -o nula- cultura democrática, por razones estrictamente políticas, es decepcionante. Rumania y Bulgaria son, desde enero del año pasado, los socios vigesimosexto y vigesimoséptimo de la Unión, y se han convertido en un quebradero de cabeza para la Europa comunitaria debido a sus elevados índices de criminalidad y corrupción.
Esta semana, el jefe del Gobierno búlgaro, Sergey Stanishev, ha destituido a tres ministros por mantener connivencias con empresarios mafiosos. Una semana antes les había precedido el poderoso ministro de Interior, Rumen Petkov, por los mismos motivos. Petkov admitió haber mantenido contactos con supuestos 'capos' cuando el país se veía sacudido por un enésimo escándalo de filtraciones de los servicios de seguridad y judiciales a organizaciones criminales.
La renuncia del titular de Interior fue inevitable después de que la coalición gubernamental, liderada por los socialistas, superara por escaso margen un voto de censura en el Parlamento. Esta moción se suscitó después de que el país sumara en su haber más de 120 asesinatos por contrato desde 2001, jamás esclarecidos, el último de ellos en la persona de Georgi Stoev, un conocido escritor que denunciaba las prácticas de las mafias locales.
En Rumania, como en Bulgaria, los informes que la Comisión Europea ha elaborado para desvelar el grado de adecuación de ambos países a los estándares democráticos, las advertencias sobre la gran criminalidad y su infiltración en las instancias decisorias son constantes. El nuevo ministro de Justicia, Catalin Prediou, se declaraba optimista ante el futuro, después de haber logrado poner en marcha una Agencia para la integridad nacional dedicada a supervisar y castigar comportamientos corruptos de los funcionarios civiles del Estado. Uno de sus predecesores fue forzado a dimitir, acusado de participar en transacciones ilegales de tierras. El cargo quedó vacante tres meses porque el presidente y el primer ministro no lograban ponerse de acuerdo sobre el sucesor.
Un «agujero negro»
Existe una impresión generalizada, tanto entre las opiniones públicas de ambos países como en Bruselas, de que los viejos aparatos comunistas, con imbricaciones históricas en el tráfico de armas, de drogas y en la delincuencia de altos vuelos, se han reciclado en los nuevos aparatos del Estado, y que influyen extraordinariamente en ellos. En esta percepción encajarían las impresiones del comisario de Ampliación, que considera a Bulgaria y Rumanía un «agujero negro».
El pasado febrero, cuando Francia buscaba recuperar su posición privilegiada ante las autoridades de Bucarest, la CE acusó a los poderes locales de «cerrar los ojos ante la corrupción de alto nivel», de no haber alcanzado «resultados convincentes» en la lucha contra la corrupción y de acumular retrasos en la reforma del sistema judicial.
A Bulgaria, la Comisión le ha congelado el envío de fondos agrícolas para un programa denominado Sapard, porque se ha demostrado que los destinatarios finales tenían que compartir una parte de las ayudas con un tal Ludmil Stoïkov. Lo ha probado el Parlamento, pero la magistratura no ha apreciado delito alguno en ese comportamiento.
Y el año pasado dimitió Roumen Ovtcharov, ministro de Economía, por abuso de poder, pero sigue siendo el presidente del Partido Socialista en Sofía, y nadie le pregunta cómo ha conseguido los 600.000 euros en los que está tasada su fastuosa mansión. Por lo demás, hay en Bulgaria un viceministro de Exteriores, Pétar Tchaouchev, que tiene también pasaporte turco, gracias al cual puede actuar como un hombre de negocios ordinario, con la moral de los empresarios ordinarios, pero no con la de un representante del Estado.
