MUNDO
Escaso poder coercitivo sobre los nuevos socios
La Unión Europea tiene pocos medios para imponer buenas prácticas y mejores costumbres a los socios corruptos. La opinión más extendida entre políticos, diplomáticos y observadores apunta a que el poder real para que las cosas cambien en un país se ejerce sólo mientras éste es candidato a la adhesión. Es entonces cuando Bruselas puede exigir -y lograr- cambios estructurales en los estamentos (servicios de seguridad, judicatura, administración) de los que depende un gobierno correcto.
Pero a Bulgaria y Rumanía les pusieron fecha fija para la adhesión en virtud de una decisión política que no fue comprendida en su momento, y que ahora, a la luz de lo que está sucediendo, parece absurda. Es verdad que la Europa comunitaria cuenta con algunos mecanismos para intervenir en los nuevos socios. Los doce que se adhirieron en 2004 y 2007 están subordinados a tres cláusulas de salvaguardia: una económica general, otra relacionada con el mercado interior y una tercera con cuestiones de Justicia e Interior, que los estados miembros pueden activar si perciben derivas indeseadas en estos países.
Bulgaria y Rumanía, además, están sometidas a un mecanismo de verificación de progresos realizados en la reforma del aparato judicial, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado (este último sólo en el caso de Bulgaria).
Si las cosas se tuercen, Bruselas puede congelar el libramiento de ayudas a estos países y exigir la devolución de las entregadas. También les es posible a los demás miembros negarse a reconocer las decisiones judiciales de un país cuestionado, como las euroórdenes que puedan ser emitidas por ellos. Además, el Tratado de Lisboa prevé la suspensión de los derechos de un país miembro por un voto mayoritario del resto del Consejo. Hay, asimismo, una cláusula que permitirá el abandono del integrante que no quiera continuar en la UE, pero no está contemplada la posibilidad de expulsiones.
Pero a Bulgaria y Rumanía les pusieron fecha fija para la adhesión en virtud de una decisión política que no fue comprendida en su momento, y que ahora, a la luz de lo que está sucediendo, parece absurda. Es verdad que la Europa comunitaria cuenta con algunos mecanismos para intervenir en los nuevos socios. Los doce que se adhirieron en 2004 y 2007 están subordinados a tres cláusulas de salvaguardia: una económica general, otra relacionada con el mercado interior y una tercera con cuestiones de Justicia e Interior, que los estados miembros pueden activar si perciben derivas indeseadas en estos países.
Bulgaria y Rumanía, además, están sometidas a un mecanismo de verificación de progresos realizados en la reforma del aparato judicial, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado (este último sólo en el caso de Bulgaria).
Si las cosas se tuercen, Bruselas puede congelar el libramiento de ayudas a estos países y exigir la devolución de las entregadas. También les es posible a los demás miembros negarse a reconocer las decisiones judiciales de un país cuestionado, como las euroórdenes que puedan ser emitidas por ellos. Además, el Tratado de Lisboa prevé la suspensión de los derechos de un país miembro por un voto mayoritario del resto del Consejo. Hay, asimismo, una cláusula que permitirá el abandono del integrante que no quiera continuar en la UE, pero no está contemplada la posibilidad de expulsiones.
