ARTÍCULOS
La paz y la palabra: una réplica obligada
28.04.08 -
JOSÉ IBARROLA
El 22 de abril el filósofo Fernando Savater iniciaba un artículo de opinión ('La paz y la palabra') en este mismo periódico con una referencia a la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno vasco y a uno de los principales proyectos impulsados esta legislatura desde ella: me refiero al Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos 2008-2011, que fue definitivamente aprobado en diciembre de 2007 por el Consejo de Gobierno y que se encuentra ya en su primer año de ejecución.
Mucho se ha hablado de este Plan en las secciones de política de los medios de comunicación: mala señal. Y digo mala porque ése es uno de los reflejos de la voluntad de parte de algunos creadores de opinión y de algunos políticos por hurtar el debate de un tema de enorme seriedad y trascendencia: el de la educación en valores, en la ciudadanía, para la paz y para los derechos humanos en Euskadi. Debate, por cierto, en el que los grandes principios y declaraciones encuentran una unanimidad aplastante: ¿Quién se atreve a afirmar que no hay que educar para los derechos humanos? Pero dicha unanimidad se torna en lógica pluralidad de enfoques y diferencias de opinión tan pronto como debe decidirse sobre los modos y medios en que se deben articular las propuestas concretas dentro y fuera del centro educativo. Educación para la ciudadanía, para la paz, para los derechos humanos sí, pero ¿cómo?
Este debate, legítimo y necesario, ha estado desgraciadamente ausente de forma radical en los medios de comunicación y en el debate político de trazo grueso y ha sido devorado, una vez más, por la acusación -general y sin pruebas- de connivencia del nacionalismo con el terrorismo. Acusación, por cierto, que ya en demasiadas ocasiones parece la coartada perfecta para que no cueste ningún esfuerzo a tantos opinadores profesionales y políticos pronunciarse sobre temas dispares con la misma y rutinaria cantinela sea lo que sea de lo que se debata. Algún parlamentario de la oposición llegó a afirmar en varias ocasiones y de forma pública que el Plan «no estaba mal», que se había trabajado con tesón y vocación de consenso pero que detrás del Plan «se levantaba el telón»y aparecía el Gobierno vasco con su lehendakari y el consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social. O sea, hablando en plata, una declaración expresa y sin rubor de que no se debatirán los proyectos y serán, sin más ni más, sustituidos por lecturas prejuzgadas y sectarias de las intenciones ajenas. Al parecer no valen las obras sino las intenciones 'ocultas'. ¿Se imaginan los ciudadanos y ciudadanas que todos los días trabajan en comercios, empresas, universidades, centros educativos que pudieran en sus trabajos actuar con semejante irresponsabilidad?
Fernando Savater realiza un ejercicio parecido al descrito: arroja la duda de que el Plan «difícilmente» pueda servir «para otra cosa que no sea perpetuar en la escuela los enfrentamientos ideológicos que ya se dan en la sociedad y que sirven de coartada a los violentos para justificar o hipócritamente 'comprender' el terrorismo». Pero tras esa afirmación, sin una sola referencia al contenido del Plan, se dedica a hacer loas a la educación para la ciudadanía, a la necesidad de que el Estado tome cartas en el asunto y a que dicha educación incluya entre sus líneas de contenido la participación en la vida parlamentaria, el respeto a la realidad democrática en que se vive, el fomento de la capacidad de persuasión y de ser persuadidos, etcétera. Afirmaciones todas ellas que se contienen y se asumen en el Plan, con la diferencia de que el Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos, además de principios generales, despliega toda una batería de 90 programas de acción, con un presupuesto de más de seis millones de euros.
El Plan implica a todo el entramado institucional actuante en la CAV y crea por primera vez organismos de coordinación dentro del Gobierno y hacia fuera. Organismos además paritarios con la participación de la sociedad civil organizada. El Plan se ha discutido con las ONG de Euskadi que, en su inmensa mayoría, lo han acogido con la máxima satisfacción. Goza además del respaldo institucional de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, máxima autoridad mundial en la materia. El Plan, en definitiva, tiene tras de sí más de dos años de trabajo real: de compromiso trabajado laboriosamente. Una empresa que era imposible y que a lo largo de 30 años de autogobierno no había manera de materializar es por fin una realidad que tiene detrás muchos consensos y aportaciones. También del mundo político porque, además de los partidos gobernantes, el propio Partido Socialista de Euskadi o Aralar han estado transaccionando con nosotros hasta el final sus contenidos.
El Plan goza del nivel de consenso más alto jamás logrado en un documento de estas características y la oposición sabe perfectamente que es un buen instrumento de trabajo en una materia necesaria. Pero no se quiere entrar al debate real de contenidos.
Dos años de trabajo minucioso, de acumulación de fuerzas con los agentes educativos de toda condición; dos años de consultas y enriquecimiento del documento con el mundo experto en educación para los derechos humanos y cultura de paz; dos años de trenzado de un entramado institucional y orgánico que garantice la continuidad de esta política y sus réditos a largo plazo; dos años para orientar, ya definitivamente, nuestra política en esta materia con las líneas internacionales de los organismos de derechos humanos no han sido -ni serán- dos años en balde. Son en sí ya un paso hacia delante de gigante. Pero les ha faltado una guinda que no era meramente retórica: la guinda del consenso político más amplio. Los políticos -en este caso de la oposición- han perdido la ocasión de oro para mandar un mensaje a la sociedad de que antes de exigirle que sea 'educada' para la paz y los derechos humanos hubieran sido ellos los primeros en dar ejemplo. En la discusión del Plan en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco hace tan sólo dos semanas no se entró para nada en el contenido del Plan: ni una palabra. Lo mismo que el filósofo Fernando Savater nada dice del contenido del Plan, que no sé si se lo ha leído, ni siquiera por encima. Y así no hay manera de progresar ni de debatir de forma constructiva para lograr que las políticas sectoriales sean en beneficio de la sociedad. Con debates desconectados de los proyectos reales, prejuzgados y sectarios no vamos a ninguna parte.
Pero, frente a ello, el Gobierno vasco, en una materia como ésta, no tiene más remedio que seguir adelante. Vocación de consenso, sí, pero parálisis gratuita y sin fundamento, no. Si no hay madurez al día de hoy para lograr un acuerdo ya vendrá en el futuro. Mientras tanto, por responsabilidad, el Plan está en marcha y en ejecución a la espera de un futuro en que las voluntades políticas se acoplen y permitan multiplicar los frutos de un trabajo que en el nivel de base de la educación para la paz y los derechos humanos de Euskadi ya está generando avances.
Mucho se ha hablado de este Plan en las secciones de política de los medios de comunicación: mala señal. Y digo mala porque ése es uno de los reflejos de la voluntad de parte de algunos creadores de opinión y de algunos políticos por hurtar el debate de un tema de enorme seriedad y trascendencia: el de la educación en valores, en la ciudadanía, para la paz y para los derechos humanos en Euskadi. Debate, por cierto, en el que los grandes principios y declaraciones encuentran una unanimidad aplastante: ¿Quién se atreve a afirmar que no hay que educar para los derechos humanos? Pero dicha unanimidad se torna en lógica pluralidad de enfoques y diferencias de opinión tan pronto como debe decidirse sobre los modos y medios en que se deben articular las propuestas concretas dentro y fuera del centro educativo. Educación para la ciudadanía, para la paz, para los derechos humanos sí, pero ¿cómo?
Este debate, legítimo y necesario, ha estado desgraciadamente ausente de forma radical en los medios de comunicación y en el debate político de trazo grueso y ha sido devorado, una vez más, por la acusación -general y sin pruebas- de connivencia del nacionalismo con el terrorismo. Acusación, por cierto, que ya en demasiadas ocasiones parece la coartada perfecta para que no cueste ningún esfuerzo a tantos opinadores profesionales y políticos pronunciarse sobre temas dispares con la misma y rutinaria cantinela sea lo que sea de lo que se debata. Algún parlamentario de la oposición llegó a afirmar en varias ocasiones y de forma pública que el Plan «no estaba mal», que se había trabajado con tesón y vocación de consenso pero que detrás del Plan «se levantaba el telón»y aparecía el Gobierno vasco con su lehendakari y el consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social. O sea, hablando en plata, una declaración expresa y sin rubor de que no se debatirán los proyectos y serán, sin más ni más, sustituidos por lecturas prejuzgadas y sectarias de las intenciones ajenas. Al parecer no valen las obras sino las intenciones 'ocultas'. ¿Se imaginan los ciudadanos y ciudadanas que todos los días trabajan en comercios, empresas, universidades, centros educativos que pudieran en sus trabajos actuar con semejante irresponsabilidad?
Fernando Savater realiza un ejercicio parecido al descrito: arroja la duda de que el Plan «difícilmente» pueda servir «para otra cosa que no sea perpetuar en la escuela los enfrentamientos ideológicos que ya se dan en la sociedad y que sirven de coartada a los violentos para justificar o hipócritamente 'comprender' el terrorismo». Pero tras esa afirmación, sin una sola referencia al contenido del Plan, se dedica a hacer loas a la educación para la ciudadanía, a la necesidad de que el Estado tome cartas en el asunto y a que dicha educación incluya entre sus líneas de contenido la participación en la vida parlamentaria, el respeto a la realidad democrática en que se vive, el fomento de la capacidad de persuasión y de ser persuadidos, etcétera. Afirmaciones todas ellas que se contienen y se asumen en el Plan, con la diferencia de que el Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos, además de principios generales, despliega toda una batería de 90 programas de acción, con un presupuesto de más de seis millones de euros.
El Plan implica a todo el entramado institucional actuante en la CAV y crea por primera vez organismos de coordinación dentro del Gobierno y hacia fuera. Organismos además paritarios con la participación de la sociedad civil organizada. El Plan se ha discutido con las ONG de Euskadi que, en su inmensa mayoría, lo han acogido con la máxima satisfacción. Goza además del respaldo institucional de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, máxima autoridad mundial en la materia. El Plan, en definitiva, tiene tras de sí más de dos años de trabajo real: de compromiso trabajado laboriosamente. Una empresa que era imposible y que a lo largo de 30 años de autogobierno no había manera de materializar es por fin una realidad que tiene detrás muchos consensos y aportaciones. También del mundo político porque, además de los partidos gobernantes, el propio Partido Socialista de Euskadi o Aralar han estado transaccionando con nosotros hasta el final sus contenidos.
El Plan goza del nivel de consenso más alto jamás logrado en un documento de estas características y la oposición sabe perfectamente que es un buen instrumento de trabajo en una materia necesaria. Pero no se quiere entrar al debate real de contenidos.
Dos años de trabajo minucioso, de acumulación de fuerzas con los agentes educativos de toda condición; dos años de consultas y enriquecimiento del documento con el mundo experto en educación para los derechos humanos y cultura de paz; dos años de trenzado de un entramado institucional y orgánico que garantice la continuidad de esta política y sus réditos a largo plazo; dos años para orientar, ya definitivamente, nuestra política en esta materia con las líneas internacionales de los organismos de derechos humanos no han sido -ni serán- dos años en balde. Son en sí ya un paso hacia delante de gigante. Pero les ha faltado una guinda que no era meramente retórica: la guinda del consenso político más amplio. Los políticos -en este caso de la oposición- han perdido la ocasión de oro para mandar un mensaje a la sociedad de que antes de exigirle que sea 'educada' para la paz y los derechos humanos hubieran sido ellos los primeros en dar ejemplo. En la discusión del Plan en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco hace tan sólo dos semanas no se entró para nada en el contenido del Plan: ni una palabra. Lo mismo que el filósofo Fernando Savater nada dice del contenido del Plan, que no sé si se lo ha leído, ni siquiera por encima. Y así no hay manera de progresar ni de debatir de forma constructiva para lograr que las políticas sectoriales sean en beneficio de la sociedad. Con debates desconectados de los proyectos reales, prejuzgados y sectarios no vamos a ninguna parte.
Pero, frente a ello, el Gobierno vasco, en una materia como ésta, no tiene más remedio que seguir adelante. Vocación de consenso, sí, pero parálisis gratuita y sin fundamento, no. Si no hay madurez al día de hoy para lograr un acuerdo ya vendrá en el futuro. Mientras tanto, por responsabilidad, el Plan está en marcha y en ejecución a la espera de un futuro en que las voluntades políticas se acoplen y permitan multiplicar los frutos de un trabajo que en el nivel de base de la educación para la paz y los derechos humanos de Euskadi ya está generando avances.
