
El juez explicó también entonces que si el grupo galo se negaba a cumplir su orden el caso se convertiría en un proceso de desobediencia a la autoridad, perseguible con arreglo al Derecho penal francés. En este sentido, en el auto emitido el pasado jueves y hecho público ayer, Etxarandio insiste en este extremo y se limita a recordar, a modo de advertencia, que el consejo de administración de EDF podría incurrir en el citado delito de desobediencia.
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao acordó el pasado 25 de marzo ordenar a EDF a aclarar sus intenciones en Iberdrola dentro de un paquete de medidas cautelares que respondían a la denuncia presentada por la eléctrica vasca contra el grupo galo por competencia desleal. La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán sostiene que, con las constantes especulaciones sobre un posible asalto a su capital, el gigante francés está obstruyendo sus planes de negocio. Etxarandio consideró que esta acusación era verosímil y por eso pidió aclaraciones a EDF. En concreto, le dio cinco días hábiles para comunicar, a través de cinco diarios -tres nacionales y dos extranjeros- cuáles son sus intenciones en Iberdrola y si ya tiene acciones de esta firma directamente o mediante derivados.
EDF respondió con una declinatoria de competencia internacional en la que cuestionaba la capacidad de un tribunal español para pronunciarse en este caso. Sin embargo, el propio Etxarandio resolvió que sí era competente en el proceso. Contra su última decisión sólo cabe recurso de reposición.





