Lo digo, en primer lugar, por el inútil suministro de información a la defensiva que se practica desde algunas instancias. Si hace hoy una semana conocíamos la versión oficial en sede parlamentaria, ahora nos enteramos de la destrucción de documentos por parte del autor confeso, aunque la consejera Azkarate matice que era algo ya conocido. Sea como fuere, es un detalle importante, sin duda, ya que si por un lado semejante acción podría descubrir agujeros económicos hasta ahora desconocidos, por otro, los responsables políticos que se comprometieron a la transparencia total no deben temer que aparezcan en los medios de comunicación nuevos datos sobre el desfalco.
Es una cuestión básica el que se perciba con nitidez la voluntad de aclarar en su totalidad el asunto, que va a incidir de forma decisiva en la recuperación del prestigio de una institución ahora mirada con recelo. Además, no se empecine como el otro día la consejera de Cultura en la disculpa de no haber auditado la Tenedora por falta de exigencia legal, ya que después del desfalco no se trata tanto del fuero como del huevo. Es decir, no es tanto la forma societaria lo que obliga o no a la auditoría, sino la transparencia y el rigor cuando se manejan fondos públicos.







