ECONOMÍA
El retraso de las diputaciones impide que la prórroga de hipotecas sea gratis en Euskadi
Pedro Solbes firma el acuerdo con Miguel Martín, presidente de la patronal bancaria AEB. / EFE
La ampliación de los plazos de amortización de una hipoteca ya es 'gratis total' en España, excepto en Euskadi y Navarra. A pesar de que el Gobierno central aprobó la medida en el Consejo de Ministros del pasado día 18, las diputaciones forales no han hecho lo propio para acordar la exención del Impuesto de Actos Jurídicos que grava en condiciones normales este tipo de operaciones. Las haciendas vascas no han aclarado todavía si lo harán y en qué fechas -la normativa sobre ese tributo es de su competencia-, de la misma forma que aún mantienen «en estudio» la prometida deflactación de las tarifas del IRPF para ajustarlas a la inflación, así como la devolución de los 400 euros de ese impuesto que también ha aprobado el Ministerio de Economía.
La prórroga gratuita del periodo para pagar los créditos destinados a la vivienda pretende ayudar a afrontar el pago de las cuotas bancarias a las familias en dificultades económicas, ya sea porque sus elevadas deudas y el alza continuada de los tipos de interés les ha puesto contra las cuerdas o porque la pérdida del empleo ha reducido de forma sustancial sus ingresos. El vicepresidente Pedro Solbes cerró ayer definitivamente los flecos pendientes de esa iniciativa --la exención de impuestos decretada por el Ejecutivo central no bastaba, ya que hay otros gastos añadidos- mediante un acuerdo que involucra a notarios, registradores y entidades financieras.
La ampliación del plazo de las hipotecas será potestad de los bancos y cajas, pero en los casos en los que se aplique la gratuidad está garantizada. El sector financiero se ha comprometido a no percibir comisión alguna. Los notarios, a hacer su trabajo sin cobrar ni siquiera por los folios y a transmitir las escrituras a los registros por vía telemática para evitar, incluso, los gastos habituales de gestorías. Los registros también anotarán las nuevas condiciones hipotecarias de los préstamos sin coste alguno. La medida tiene fecha de caducidad, ya que sólo se aplicará a las operaciones que se realicen antes del 21 de abril de 2010.
En el caso del País Vasco habrá que esperar a la decisión que adopten las diputaciones sobre los gastos fiscales de esas acciones, aunque el impuesto en cuestión supone el 'chocolate del loro' en términos dinerarios: tan sólo unos pocos euros.
Muchos retrasos
La cuestión 'de fuero' respecto al asunto de las hipotecas se suma a una larga lista de asuntos que transitan, con más o menos dificultad, por las haciendas vascas. En los retrasos, ya endémicos, se mezclan cuestiones de índole política y otras de pura logística. Entre las primeras, las reticencias que las haciendas forales plantean, por sistema, a la hora de hacer seguidismo de las iniciativas que adopta la Administración central, aunque como en el caso de las hipotecas la medida sea positiva, de reducido coste para las arcas públicas y en beneficio de las familias con dificultades.
Pero, además, las propias diputaciones deben superar la enorme complejidad que supone organizar varias reuniones del Órgano de Coordinación Tributaria, alcanzar un consenso entre partidos diferentes -en este caso, PNV y EA- y también tres territorios distintos, además del proceso legislativo en cada parlamento foral, cada vez que se quiere aprobar una medida de este tipo. En esta línea y aunque las diputaciones no han aclarado todavía los detalles, todo parece indicar que se pretende elaborar una norma foral 'omnibus', que corrija todos los retrasos acumulados en materia tributaria.
En el caso de la Administración del Estado, el Parlamento convalidó ayer y convirtió en ley la devolución de los 400 euros del IRPF, que sus contribuyentes recibirán en los próximos meses. La mitad, en la nómina o pensión del mes de junio y el resto en 'plazos' hasta diciembre. El portavoz del PNV en el Congreso, Pedro Azpiazu, justificó la abstención de su grupo en la votación al considerar que si bien la medida había despertado expectativas entre la población, contiene matices un tanto injustos, según su partido. Así, criticó que la cifra sea igual para todos los contribuyentes, sin que se hayan visto primados los trabajadores y pensionistas con menores recursos.
La prórroga gratuita del periodo para pagar los créditos destinados a la vivienda pretende ayudar a afrontar el pago de las cuotas bancarias a las familias en dificultades económicas, ya sea porque sus elevadas deudas y el alza continuada de los tipos de interés les ha puesto contra las cuerdas o porque la pérdida del empleo ha reducido de forma sustancial sus ingresos. El vicepresidente Pedro Solbes cerró ayer definitivamente los flecos pendientes de esa iniciativa --la exención de impuestos decretada por el Ejecutivo central no bastaba, ya que hay otros gastos añadidos- mediante un acuerdo que involucra a notarios, registradores y entidades financieras.
La ampliación del plazo de las hipotecas será potestad de los bancos y cajas, pero en los casos en los que se aplique la gratuidad está garantizada. El sector financiero se ha comprometido a no percibir comisión alguna. Los notarios, a hacer su trabajo sin cobrar ni siquiera por los folios y a transmitir las escrituras a los registros por vía telemática para evitar, incluso, los gastos habituales de gestorías. Los registros también anotarán las nuevas condiciones hipotecarias de los préstamos sin coste alguno. La medida tiene fecha de caducidad, ya que sólo se aplicará a las operaciones que se realicen antes del 21 de abril de 2010.
En el caso del País Vasco habrá que esperar a la decisión que adopten las diputaciones sobre los gastos fiscales de esas acciones, aunque el impuesto en cuestión supone el 'chocolate del loro' en términos dinerarios: tan sólo unos pocos euros.
Muchos retrasos
La cuestión 'de fuero' respecto al asunto de las hipotecas se suma a una larga lista de asuntos que transitan, con más o menos dificultad, por las haciendas vascas. En los retrasos, ya endémicos, se mezclan cuestiones de índole política y otras de pura logística. Entre las primeras, las reticencias que las haciendas forales plantean, por sistema, a la hora de hacer seguidismo de las iniciativas que adopta la Administración central, aunque como en el caso de las hipotecas la medida sea positiva, de reducido coste para las arcas públicas y en beneficio de las familias con dificultades.
Pero, además, las propias diputaciones deben superar la enorme complejidad que supone organizar varias reuniones del Órgano de Coordinación Tributaria, alcanzar un consenso entre partidos diferentes -en este caso, PNV y EA- y también tres territorios distintos, además del proceso legislativo en cada parlamento foral, cada vez que se quiere aprobar una medida de este tipo. En esta línea y aunque las diputaciones no han aclarado todavía los detalles, todo parece indicar que se pretende elaborar una norma foral 'omnibus', que corrija todos los retrasos acumulados en materia tributaria.
En el caso de la Administración del Estado, el Parlamento convalidó ayer y convirtió en ley la devolución de los 400 euros del IRPF, que sus contribuyentes recibirán en los próximos meses. La mitad, en la nómina o pensión del mes de junio y el resto en 'plazos' hasta diciembre. El portavoz del PNV en el Congreso, Pedro Azpiazu, justificó la abstención de su grupo en la votación al considerar que si bien la medida había despertado expectativas entre la población, contiene matices un tanto injustos, según su partido. Así, criticó que la cifra sea igual para todos los contribuyentes, sin que se hayan visto primados los trabajadores y pensionistas con menores recursos.
