En concreto, la denuncia considera que Francia ha vulnerado el artículo 86 del Tratado de la Comunidad Europea al aprobar medidas que confieren una «ventaja competitiva sustancial» a EDF y «blindan de forma inexpugnable» su posición de dominio.
La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán realiza en la denuncia un argumentario en contra del monopolio de las centrales nucleares, en el que hace acusaciones por separado contra el Estado francés y contra la eléctrica pública. Entre otras cosas, dice que el Estado da al grupo galo potestad para explotar en monopolio el parque nuclear, que es la principal y la más barata fuente de suministro en Francia, sin que se le obligue a permitir el acceso a terceros ni a hacer suministros al mercado mayorista.





