Este informe es el primero que RSF realizar sobre las situaciones «más preocupantes» que se dan en el espacio europeo. Según el colectivo, en la «UE existe una libertad real, no hay ningún periodista asesinado por orden de un Estado, ninguno encarcelado y ha desaparecido la censura oficial. Los medios de comunicación expresan opiniones diversas y generalmente está garantizado el pluralismo de las ideas». «Sin embargo, añaden, la situación no es perfecta puesto que existen amenazas dirigidas a periodistas, intentos de asesinatos por parte de grupos privados, agresiones, intimidación a las familias: este tipo de hechos, de una especial gravedad, existen hoy en el espacio europeo».
En el caso del País Vasco, donde Reporteros sin Fronteras ha incluido desde hace años a ETA en la calificación de «predadores» de la libertad de expresión, el organismo denuncia que los periodistas soportan «en ocasiones desde hace muchos años, las intimidaciones de la organización terrorista ETA». Según datos del Gobierno vasco que cita RSF, cuarenta periodistas tienen que trabajar con escolta «y otros han tenido que marcharse». El informe recoge declaraciones del periodista Gorka Landaburu, que perdió varios dedos y la vista de un ojo tras sufrir un atentado con paquete bomba en 2001, quien asegura que la vida que tiene que llevar en Euskadi es de «semi-libertad». Asimismo, el documento recoge el caso de Carmen Gurruchaga, cuya vivienda en San Sebastián fue objeto de un sabotaje por parte de los radicales. «La banda me robó mi vida, mis amigos y mi ciudad», asegura Gurruchaga, quien se marchó de Euskadi por las amenazas terroristas.
El documento analiza también el caso del control por parte de la Ertzaintza de las comunicaciones telefónicas del periodista de EL CORREO Oscar Beltrán de Otálora. «La libertad de prensa también es amenaza en Euskadi por la actuación de las fuerzas de seguridad». RSF, en este caso, recuerda la situación del redactor que, tras publicar que un ertzaina había sido avisado a un presunto colaborador de ETA de que iba a ser arrestado, fue investigado por el departamento dirigido por Javier Balza.
El documento destaca, en este sentido, que los esfuerzos de Interior se centraron en intentar conocer las fuentes del periodista y no en detener al agente que había alertado al sospechoso. Este policía vasco, dos años después del incidente, todavía no ha sido identificado.







