MUNDO
La región más rica de Bolivia desafía a Morales con una consulta autonomista
El Gobierno de Santa Cruz intenta frenar la reforma constitucional que devuelve a los indígenas los latifundios
MARCHA. Seguidores del presidente Morales participan en una protesta en contra del referéndum convocado en Santa Cruz. / EFE
Cerca de un millón de electores de la región boliviana de Santa Cruz, una de las más ricas del país andino, votan hoy en un referéndum convocado por el gobernador opositor Rubén Costas en abierto desafío al Gobierno de Evo Morales, que insiste en la ilegalidad e inconstitucionalidad de una consulta que tacha de separatista y de «golpe a la democracia». Esta es sólo la primera de otras que se llevarán a cabo en junio en las provincias de Beni, Pando Tarija, que junto con Cochabamba, forman la llamada 'media luna' del oriente de la nación y acumulan la mayoría de las riquezas del país.
Los autonomistas confían en que su iniciativa sea seguida en las nueve provincias del país de 9,8 millones de habitantes -el 62% identificado con alguna de las 37 etnias- y que cuenta con la segunda reserva de gas natural de Sudamérica.
La importancia de la consulta radica en que en los 370.621 kilómetros cuadrados de Santa Cruz, una extensión equivalente a nueve veces la de Suiza, habitan 2,6 millones de bolivianos, entre los que los indígenas declarados suman apenas 500.000. De aprobarse la autonomía -cosa segura pues las encuestas le dan un 71% de apoyo- el ejemplo podría extenderse por el país, e incluso algunos analistas temen que también podría traspasar las fronteras.
El conflicto comenzó en el mismo momento en que el ex líder cocalero ganó las elecciones presidenciales hace dos años y medio. Se fue agravando paralelamente ante los intentos del indígena aymara de poner en marcha su plan para «refundar» Bolivia y devolver a los «pueblos originarios» los derechos a los recursos naturales mediante una nueva Constitución --cuyo proceso constituyente no reconoce la oposición- y que está pendiente de ser aprobada en referéndum.
En el proyecto de la nueva Carta Magna se reconoce la autonomía para los departamentos, provincias y pueblos indígenas. Prevé entre otras medidas, una «reforma agraria» para entregar a los indígenas tierras de los latifundios, lo que afectaría a los empresarios cruceños y propietarios medianos que poseen el 73,1%. Veinticuatro empresas tienen 20.000 o más hectáreas de campos agrícolas o forestales y cuatro de ellas un promedio de 200.000 cada una.
Evo Morales ha nacionalizado varias empresas petroleras y la principal compañía telefónica. Estas medidas son rechazadas por el empresariado cruceño que unió fuerzas con el prefecto Costas para liderar una movilización que hoy marcará un punto y aparte para el país.
Amplias competencias
El proyecto autonomista rebelde da atribuciones exclusivas al gobernador y la asamblea de electos para designar autoridades judiciales, tributarias y electorales; definir políticas de tierras -que choca con la reforma agraria del Gobierno-, tributos, telecomunicaciones, vivienda, transporte terrestre y ferrocarriles. Podrían firmar acuerdos internacionales y regularían el estatus de los extranjeros.
Las posiciones son enfrentadas y existe temor a que la tensión derive en brotes violentos entre seguidores gubernamentales y opositores. Los convocantes llamaron a la calma mientras que Morales aseguró que «se equivocan algunos ex comandantes haciendo correr el rumor de un golpe de Estado». El gobernante expresó que «jamás vamos a usar a las Fuerzas Armadas» de forma partidaria o con intereses personales. Dijo que no impondría el «estado de sitio» pero que reforzaría la seguridad para mantener el orden. Prometió luchar «otros 500 años» contra los autonomistas y dijo confiar en el voto silencioso de los pobres. «Hay una gran rebeldía de la gente pobre contra esas logias».
Los autonomistas confían en que su iniciativa sea seguida en las nueve provincias del país de 9,8 millones de habitantes -el 62% identificado con alguna de las 37 etnias- y que cuenta con la segunda reserva de gas natural de Sudamérica.
La importancia de la consulta radica en que en los 370.621 kilómetros cuadrados de Santa Cruz, una extensión equivalente a nueve veces la de Suiza, habitan 2,6 millones de bolivianos, entre los que los indígenas declarados suman apenas 500.000. De aprobarse la autonomía -cosa segura pues las encuestas le dan un 71% de apoyo- el ejemplo podría extenderse por el país, e incluso algunos analistas temen que también podría traspasar las fronteras.
El conflicto comenzó en el mismo momento en que el ex líder cocalero ganó las elecciones presidenciales hace dos años y medio. Se fue agravando paralelamente ante los intentos del indígena aymara de poner en marcha su plan para «refundar» Bolivia y devolver a los «pueblos originarios» los derechos a los recursos naturales mediante una nueva Constitución --cuyo proceso constituyente no reconoce la oposición- y que está pendiente de ser aprobada en referéndum.
En el proyecto de la nueva Carta Magna se reconoce la autonomía para los departamentos, provincias y pueblos indígenas. Prevé entre otras medidas, una «reforma agraria» para entregar a los indígenas tierras de los latifundios, lo que afectaría a los empresarios cruceños y propietarios medianos que poseen el 73,1%. Veinticuatro empresas tienen 20.000 o más hectáreas de campos agrícolas o forestales y cuatro de ellas un promedio de 200.000 cada una.
Evo Morales ha nacionalizado varias empresas petroleras y la principal compañía telefónica. Estas medidas son rechazadas por el empresariado cruceño que unió fuerzas con el prefecto Costas para liderar una movilización que hoy marcará un punto y aparte para el país.
Amplias competencias
El proyecto autonomista rebelde da atribuciones exclusivas al gobernador y la asamblea de electos para designar autoridades judiciales, tributarias y electorales; definir políticas de tierras -que choca con la reforma agraria del Gobierno-, tributos, telecomunicaciones, vivienda, transporte terrestre y ferrocarriles. Podrían firmar acuerdos internacionales y regularían el estatus de los extranjeros.
Las posiciones son enfrentadas y existe temor a que la tensión derive en brotes violentos entre seguidores gubernamentales y opositores. Los convocantes llamaron a la calma mientras que Morales aseguró que «se equivocan algunos ex comandantes haciendo correr el rumor de un golpe de Estado». El gobernante expresó que «jamás vamos a usar a las Fuerzas Armadas» de forma partidaria o con intereses personales. Dijo que no impondría el «estado de sitio» pero que reforzaría la seguridad para mantener el orden. Prometió luchar «otros 500 años» contra los autonomistas y dijo confiar en el voto silencioso de los pobres. «Hay una gran rebeldía de la gente pobre contra esas logias».
