El Gobierno tripartito de Vitoria-Gasteiz afronta el último tramo de la legislatura sin saber a ciencia cierta cuál será el momento de su finalización. La incertidumbre comenzó a gestarse el 28 de septiembre del pasado 2007, cuando el lehendakari anunció, en el correspondiente pleno de política general, una 'hoja de ruta' a cuyo cumplimiento supeditó la duración de su mandato. Hoy es el día, sin embargo, en que ni el mismo Ibarretxe está en condiciones de asegurar si tal cumplimiento va o no a producirse, toda vez que la puesta en práctica de su proyecto depende más de la voluntad de terceros que de la suya propia. Ahí está, en primer lugar, a menos de dos meses de distancia, el prometido pleno del 27 de junio, en el que la 'ley de consulta' que Ibarretxe se comprometió a presentar tendría que contar, para su aprobación, con los votos que puedan otorgarle los parlamentarios de EHAK, partido que, para entonces, podría estar incluso ilegalizado. Pendiente está también la constatación efectiva del acuerdo o del desacuerdo con el presidente del Gobierno central, cuya decisión final podría impedir, mediante la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, la realización de la prometida consulta, incluso si ésta hubiera sido aprobada por el Parlamento vasco. Por otra parte, al margen de Eusko Alkartasuna, los otros dos partidos que integran el Gobierno tripartito han comenzado a dar claros signos de incomodidad con los plazos de la citada consulta, y hasta con su misma realización, y podrían dejar sentir su influencia sobre el lehendakari para que la legislatura se acortase o alargase de acuerdo con sus respectivos intereses electorales.
Esta situación de incertidumbre institucional, además de resultar por sí misma inconveniente en unos momentos en que se acumulan los problemas económicos y se intensifican las amenazas de un terrorismo que no deja de actuar, siembra dudas en la actividad de los propios departamentos gubernamentales, así como en la ciudadanía sobre la capacidad de aquéllos para llevar a cabo una serie de proyectos legislativos que la afectarían desde diversos puntos de vista. Proyectos de ley tan importantes como los de la siempre pendiente Ley Municipal, la de Servicios Sociales, la de Vivienda o las que rigen aspectos fundamentales del sistema educativo se hallan paralizados a la espera de que se despeje la incógnita sobre los plazos que aún le quedan al Parlamento para culminar la legislatura. En estas circunstancias, resulta del todo exigible que el lehendakari anuncie con claridad cuál es su intención en cuanto a las fechas de la disolución del Parlamento y de la convocatoria de los ciudadanos a las urnas. Se trata, sin duda, de una prerrogativa suya pero, puesto que fue él mismo quien creó la incertidumbre con los planes y plazos que se impuso hace ya casi un año, a él le corresponde también despejarla cuanto antes.