VIZCAYA
El Ayuntamiento de Bilbao estudia investigar con detectives el fraude en las rentas sociales
DESDE EL BARRIO. Las unidades de base de los centros de distrito también se implican en el control de las ayudas. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ
El Ayuntamiento de Bilbao estudia la posibilidad de contratar a detectives privados para investigar el fraude en el cobro de ayudas sociales y estrechar así el cerco sobre aquellos usuarios que se benefician de estos fondos sin merecerlo. En un intento por evitar abusos y favorecer un reparto más equitativo de los recursos entre quien realmente los necesita, la concejalía de Acción Social ultima una línea de inspección inédita en la ciudad. Consiste en comprobar 'in situ' si determinados receptores de estos apoyos, sobre los que recaen sospechas por su aparente alto tren de vida, pueden o no percibir ese dinero, en su mayoría recibido a través de la renta básica.
Para ello, el departamento que gestiona Ricardo Barkala baraja la contratación de detectives, siempre que sea económicamente viable, para seguir con lupa a esos infractores en los negocios que les reporten ingresos. En el caso de que la contratación de estos profesionales no saliese rentable -su tarifa ronda los 30 euros por hora-, Barkala se plantea como alternativa la utilización de policías municipales mayores de 55 años, una rama de la plantilla que, al menguar sus condiciones físicas por edad, ya no trabaja en la calle tan en primera línea.
Consciente de que la iniciativa puede causar sorpresa por el aparente exceso de celo impuesto sobre una población muy vulnerable, el concejal aclara que la mayoría de los perceptores es merecedora de las ayudas, pero advierte de que también hay un nivel de fraude en ascenso que justifica la intensificación de los controles. «El nivel de cobros indebidos no es tanto como parece, aunque los casos que hay pueden ser muy notorios», explica Ricardo Barkala.
El Ayuntamiento conoce a esos presuntos infractores por dos vías. A través de la experiencia en sus unidades de base, que son los centros de atención a los usuarios de ayudas sociales distribuidos por los distritos, y de las denuncias enviadas por vecinos. Éstos dan cuenta por escrito de sus sospechas; por ejemplo, del nivel de vida de un receptor de la renta básica, de su ostentación, del modelo de coche, el tipo de vivienda...
El Ayuntamiento deberá confirmar si eso es así. «Se trata de investigar si realmente tienen que cobrar las ayudas, si tienen fuentes de ingresos no declarados superiores a la renta básica», apunta el delegado. Como «los trabajadores sociales no son médicos ni inspectores», la concejalía estudia qué profesionales asumirán el control. De momento, ha consultado a varias agencias privadas de detectives para evaluar su eficacia y rentabilidad. Una de ellas trabaja ya en cinco problemas tipo, a modo de prueba. Al parecer, resolver un caso le lleva de tres a cuatro horas, a tarifas de 30 a 40 euros los 60 minutos. Con este baremo, la detección de una renta indebidamente cobrada -superan por término medio los 500 euros- costaría unos 120 euros.
La otra opción es recurrir a los agentes mayores de 55 años, un cuerpo conocido como de 'segunda actividad' que había sido puesto en marcha por Barkala cuando gestionaba Recursos Humanos. Estos guardias, que realizan labores de custodia y vigilancia en colegios y centros municipales, se ocuparían de la investigación del fraude.
«Quiero limpiar la imagen de las ayudas públicas», proclama Barkala, en un intento por subrayar la actuación del Ayuntamiento tanto en el reparto de fondos como en el control. Para reforzar esta línea, la misma concejalía trabaja con otras dos iniciativas. Ha decidido crear una unidad nueva de inserción para «obligar» a los usuarios de rentas básicas a firmar convenios, una especie de contrato que exige al receptor que asuma medidas sociales y laborales si quiere seguir cobrando los fondos.
La venta ambulante
Esto se traduce en que un perceptor se enfrenta a la pérdida de las ayudas si rechaza dos veces una oferta de trabajo por causas injustificadas -como ocurre con el paro-. Además, exige al usuario que acuda a cursos de formación y que se comprometa con la educación de sus hijos y su cuidado -desde la escolarización hasta la higiene-. La unidad, formada por 4 trabajadores, realizará un seguimiento caso por caso, aunque sus resultados en la práctica dependerán de la nueva Ley de Servicios Sociales.
Por otro lado, el área de Acción Social ha puesto en marcha una inspección paralela mediante el cruce de datos por ordenador de los usuarios sospechosos de cobrar rentas de forma indebida. En concreto, ha cotejado las cifras de titulares de puestos de venta ambulante con resultados «que no presuponen fraude, pero que sí que llaman la atención». El mercadillo de Bolueta, el más grande de todos, arroja estos números: de 232 licencias para operar los domingos de cada mes, 70 perciben la renta básica y 85, las ayudas de emergencia social -en muchos casos, una misma personas recibe las dos-.
Barkala hace dos reflexiones del cruce de datos. «¿Son suficientes sus ingresos o no para merecer cobrar fondos sociales?». Aun trabajando, señala, algunos usuarios estarían en disposición de obtener más recursos propios sin necesidad de recurrir a las rentas básicas.
Para ello, el departamento que gestiona Ricardo Barkala baraja la contratación de detectives, siempre que sea económicamente viable, para seguir con lupa a esos infractores en los negocios que les reporten ingresos. En el caso de que la contratación de estos profesionales no saliese rentable -su tarifa ronda los 30 euros por hora-, Barkala se plantea como alternativa la utilización de policías municipales mayores de 55 años, una rama de la plantilla que, al menguar sus condiciones físicas por edad, ya no trabaja en la calle tan en primera línea.
Consciente de que la iniciativa puede causar sorpresa por el aparente exceso de celo impuesto sobre una población muy vulnerable, el concejal aclara que la mayoría de los perceptores es merecedora de las ayudas, pero advierte de que también hay un nivel de fraude en ascenso que justifica la intensificación de los controles. «El nivel de cobros indebidos no es tanto como parece, aunque los casos que hay pueden ser muy notorios», explica Ricardo Barkala.
El Ayuntamiento conoce a esos presuntos infractores por dos vías. A través de la experiencia en sus unidades de base, que son los centros de atención a los usuarios de ayudas sociales distribuidos por los distritos, y de las denuncias enviadas por vecinos. Éstos dan cuenta por escrito de sus sospechas; por ejemplo, del nivel de vida de un receptor de la renta básica, de su ostentación, del modelo de coche, el tipo de vivienda...
El Ayuntamiento deberá confirmar si eso es así. «Se trata de investigar si realmente tienen que cobrar las ayudas, si tienen fuentes de ingresos no declarados superiores a la renta básica», apunta el delegado. Como «los trabajadores sociales no son médicos ni inspectores», la concejalía estudia qué profesionales asumirán el control. De momento, ha consultado a varias agencias privadas de detectives para evaluar su eficacia y rentabilidad. Una de ellas trabaja ya en cinco problemas tipo, a modo de prueba. Al parecer, resolver un caso le lleva de tres a cuatro horas, a tarifas de 30 a 40 euros los 60 minutos. Con este baremo, la detección de una renta indebidamente cobrada -superan por término medio los 500 euros- costaría unos 120 euros.
La otra opción es recurrir a los agentes mayores de 55 años, un cuerpo conocido como de 'segunda actividad' que había sido puesto en marcha por Barkala cuando gestionaba Recursos Humanos. Estos guardias, que realizan labores de custodia y vigilancia en colegios y centros municipales, se ocuparían de la investigación del fraude.
«Quiero limpiar la imagen de las ayudas públicas», proclama Barkala, en un intento por subrayar la actuación del Ayuntamiento tanto en el reparto de fondos como en el control. Para reforzar esta línea, la misma concejalía trabaja con otras dos iniciativas. Ha decidido crear una unidad nueva de inserción para «obligar» a los usuarios de rentas básicas a firmar convenios, una especie de contrato que exige al receptor que asuma medidas sociales y laborales si quiere seguir cobrando los fondos.
La venta ambulante
Esto se traduce en que un perceptor se enfrenta a la pérdida de las ayudas si rechaza dos veces una oferta de trabajo por causas injustificadas -como ocurre con el paro-. Además, exige al usuario que acuda a cursos de formación y que se comprometa con la educación de sus hijos y su cuidado -desde la escolarización hasta la higiene-. La unidad, formada por 4 trabajadores, realizará un seguimiento caso por caso, aunque sus resultados en la práctica dependerán de la nueva Ley de Servicios Sociales.
Por otro lado, el área de Acción Social ha puesto en marcha una inspección paralela mediante el cruce de datos por ordenador de los usuarios sospechosos de cobrar rentas de forma indebida. En concreto, ha cotejado las cifras de titulares de puestos de venta ambulante con resultados «que no presuponen fraude, pero que sí que llaman la atención». El mercadillo de Bolueta, el más grande de todos, arroja estos números: de 232 licencias para operar los domingos de cada mes, 70 perciben la renta básica y 85, las ayudas de emergencia social -en muchos casos, una misma personas recibe las dos-.
Barkala hace dos reflexiones del cruce de datos. «¿Son suficientes sus ingresos o no para merecer cobrar fondos sociales?». Aun trabajando, señala, algunos usuarios estarían en disposición de obtener más recursos propios sin necesidad de recurrir a las rentas básicas.
