
CRIMEN SIN AUTOR
Fue en la mañana del 8 de mayo de 1998 cuando se producía el macabro descubrimiento. Unos asombrados trabajadores del servicio público de limpieza en contraban en la calle Burgos seis bolsas de basura que contenían el cuerpo descuartizado de la mujer.
Miembro de una conocida familia de fabricantes de cremalleras y persianas, Esther Areitio, que había enviudado tiempo atrás, trabajaba en la Escuela Oficial de Idiomas. Vivía sola en un piso de alquiler en el barrio de Aranbizkarra. En él uno o varios desconocidos terminaron con su vida la noche del 7 de mayo.
Los investigadores comprobaron que la puerta del domicilio no había sido forzada por lo que se supone que la víctima debía de conocer a su asesino. También constataron que, en la noche de autos, un joven que cubría parcialmente su rostro con una capucha usó las tarjetas de Esther para sacar de un cajero 172.000 pesetas.
La autopsia reveló que la profesora recibió varias puñaladas antes de ser desmembrada, pero quien quiera que la matase dejó el piso «inmaculado». El cuchillo de monte empleado en el crimen apareció sobre la cisterna del cuarto de baño de la fallecida aunque no sirvió para conducir a la Policía hasta el criminal, «un carnicero, un matarife o un traumatólogo», en opinión de los expertos, por la precisión con que descuartizó el cadáver. Tampoco resultó esclarecedor el examen grafológico de la encuesta parcialmente rellenada que apareció en una bolsa de deportes que también contenía el DNI de Esther y algunos objetos ensangrentados.
Tras el de la profesora, se cometieron otros tres asesinatos en Vitoria en sólo un año: los del cordelero Acacio Pereira, el empresario de tragaperras Agustín Ruiz y la abogada de la asociación Clara Campoamor, Begoña Rubio, que había intentado personarse en el caso Areitio.
Aparece Larrañaga
Un año después del crimen, el 26 de mayo de 1999, la Ertzaintza arrestaba en Madrid a Koldo Larrañaga, un profesor de euskera de Azkoitia, que también se había ganado la vida como vigilante de seguridad y empresario. Aunque el detenido sólo confesó haber matado a Ruiz y Rubio, el consejero vasco de Interior, Javier Balza, se apresuró a declarar seis días después, en plena campaña electoral, que la Policía autónoma estaba «plenamente convencida» de que Larrañaga había participado también en los asesinatos de Areitio y Pereira.
Ahí quedó todo. Las indagaciones posteriores no confirmarion con pruebas sus sospechas. En noviembre de 2004, tras diversas vicisitudes judiciales, la Audiencia alavesa archivaba el sumario ante la inexistencia de «datos inculpatorios» que acreditasen la implicación en el crimen de Koldo Larrañaga y de otras dos personas apuntadas por la acusación particular: Enrique P., un ex socio de Larrañaga, y su hijo.
Pese a ello, Begoña, hermana de la víctima, considera que existen «indicios suficientes» para procesar al azkoitiarra, que tuvo un piso en propiedad en el bloque donde vivió y murió la profesora. Para los Areitio, existen demasiadas similitudes entre las muertes de Esther y de la abogada Rubio «como para tratarse de una simple coincidencia». Sin embargo, el ADN de Larrañaga -al que la presidenta de la asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, califica de «sicario»- no coincidía con el de los cabellos hallados en el piso de Esther. Los magistrados tampoco vieron motivos para procesar a Enrique P.
«Ha faltado investigación. Había una huella de zapato que no se miró, ni tampoco el barrido de teléfonos ni el vídeo del cajero que inculpaba a alguien más. La responsabilidad es de los jueces», denuncia Blanca Estrella, quien se consuela al pensar que «al menos Larrañaga cumplirá íntegras sus penas de 20 y 30 años» por los otros crímenes.
El sumario duerme en el Juzgado de Instrucción número 1 a la espera de que alguien aporte algún dato que aconseje reabrirlo. Si no ocurre, el asesinato prescribirá en 2018.









