Los hechos a aclarar se refieren a la compra, el 16 de marzo de 1999, del 45,3% de las acciones de la citada sociedad por parte de Banesto, operación que costó cerca de seis millones de euros y que se produjo en pleno proceso de desinversiones industriales en el banco. Los demandantes, dos accionistas minoritarios del Santander, consideran que la cantidad pagada fue «desorbitada», por una sociedad que consideran «en quiebra técnica».





