España no ha tenido suerte con otros Relatores de la ONU, como los de vivienda o la tortura, que después de venir de visita han acabado emitiendo informes muy críticos. En el caso del Relator contra la tortura sus informes han resultado sangrantes, no porque someta a control al Gobierno español, que para eso ha suscrito los acuerdos internacionales, sino porque ha dado por buenas las denuncias presentadas por el entorno político de ETA que ha demostrado que en esos ambientes se mueve mejor que nuestros diplomáticos. El último informe del Relator contra la tortura copiaba hasta el argot de la izquierda abertzale sin ningún rubor.
La visita del Relator Scheinin puede ser aprovechada para ofrecerle una visión distinta a la que le presenten los batidores de ETA y para sugerirle nuevos enfoques en la cuestión del terrorismo. El Relator podría catalogar a ETA como actor no estatal violador de los derechos humanos, una fórmula no utilizada hasta ahora, pero contemplada por el propio Martin Scheinin en el informe que presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en diciembre de 2005. Hay al menos dos resoluciones de la Comisión, la 2005/80 y la 2004/44, que avalarían una declaración de ese tipo.
Scheinin no descartaba esa opción, pero planteaba la objeción de que no había mecanismos internacionales para pedir responsabilidades a los grupos terroristas por vulnerar derechos, como los que existen para controlar a los Estados. Aunque eso es cierto, el mero hecho de que la comunidad internacional califique a un grupo terrorista -en este caso a ETA- como vulnerador de derechos humanos sería un paso importante en la deslegitimación de la banda, tanto en el ámbito interno como en los escenarios internacionales. Sería un golpe moral para los terroristas que buscan una cobertura política para el crimen y la amenaza.
Declarar con la solemnidad de un informe de la ONU que ETA viola los derechos humanos no sería una medida retórica, sino que facilitaría la colaboración de todos los países con las autoridades españolas a la hora de perseguir a los terroristas y terminaría con la comprensión que todavía encuentra en algunos sectores. Supondría avanzar en la línea de Amnistía Internacional que, en su informe de 2007, denuncia a ETA por cometer «graves abusos contra los derechos humanos» y reclama que no haya impunidad con estas vulneraciones.











