TERRORISMO
El PSE propone que un Instituto Vasco mantenga la memoria de las víctimas
Los socialistas presentan 33 enmiendas al proyecto de ley de protección de los afectados por el terrorismo
El PSE-EE propone la creación de un organismo adscrito al Parlamento, -el Instituto Vasco de la Memoria-, centrado en el mantenimiento de la memoria y del significado político de las víctimas del terrorismo. Además, plantea la puesta en marcha de un consejo que garantice la participación de los damnificados en las cuestiones relacionadas con su reparación efectiva e integral y con su reconocimiento, y que pueda sugerir a las administraciones públicas la realización de políticas concretas en este campo.
Ambas medidas forman parte de la batería de 33 enmiendas parciales que los socialistas han presentado al proyecto de Ley de Reconocimiento y Protección de las Víctimas del Terrorismo que, en principio, debe aprobar el Parlamento el 13 de junio. La primera afecta a la propia denominación del texto legal, que pasaría a ser 'Ley de Memoria, Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo'.
El nuevo título representa la reformulación que el PSE ha hecho de los derechos que, con rango legal, reconoce este proyecto de norma a los afectados por la violencia terrorista. En la primera parte de la exposición de motivos, que redactan de nuevo, enumeran el «derecho a la memoria y su significación política», que comparten las víctimas y el «conjunto de la ciudadanía vasca»; el derecho a la «libertad y la convivencia», de todos los ciudadanos; y los derechos de las víctimas a la Justicia, Dignidad, Reconocimiento y Reparación.
El PSE destaca en su propuesta de preámbulo, de la que elimina toda alusión al Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, que el «significado político» de las víctimas «no puede ser otro que la defensa de aquello que ETA pretendía y aún pretende eliminar»; los socialistas lo materializan en «la libertad encarnada en el Estado de Derecho como garante de nuestras libertades y la convivencia encarnada en los pactos entre diferentes» en una sociedad «plural en ideas políticas y sentimientos de pertenencia». Una libertad y una convivencia, sentencian, «garantizadas por el denominado bloque constitucional».
GAL y extrema derecha
Al aludir al derecho a la memoria «de las injusticias padecidas por las víctimas del terrorismo, el asesinato, el secuestro, la extorsión o la amenaza, el PSE se refiere también a «los sufrimientos por los actos cometidos por el GAL y grupos de extrema derecha, actos debidos -dicen- al insuficiente control ejercido por el Estado de Derecho y que desaparecieron hace más de 20 años precisamente por la acción decidida de ese mismo Estado de Derecho».
Los socialistas introducen numerosas propuestas en el articulado de la Ley. Además de la creación del Instituto Vasco de la Memoria y del Consejo Vasco de Participación de las Víctimas de los Terrorismo -que reuniría a los damnificados y los grupos pacifistas con representantes de las administraciones vascas, propone que, entre las misiones que el artículo 6 encomienda a los poderes públicos para garantizar que las víctimas sean tratadas con dignidad y respeto a sus derechos, se añada la de «velar por la no utilización partidaria del dolor de las víctimas» y la realización de actuaciones que impidan los actos de exaltación del terrorismo o de homenaje a terroristas, «incluyendo el otorgar nombres de calles y plazas a los victimarios».
En el artículo 4, el PSE propone la creación por ley «una Comisión de la Verdad en el momento que el terrorismo haya desaparecido». Sus miembros, «personas de reconocido prestigio y autoridad moral», serían designados por el Parlamento vasco. Entre otras tareas, impulsaría un «Memorial en recuerdo de las Víctimas del Terrorismo».
Ambas medidas forman parte de la batería de 33 enmiendas parciales que los socialistas han presentado al proyecto de Ley de Reconocimiento y Protección de las Víctimas del Terrorismo que, en principio, debe aprobar el Parlamento el 13 de junio. La primera afecta a la propia denominación del texto legal, que pasaría a ser 'Ley de Memoria, Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo'.
El nuevo título representa la reformulación que el PSE ha hecho de los derechos que, con rango legal, reconoce este proyecto de norma a los afectados por la violencia terrorista. En la primera parte de la exposición de motivos, que redactan de nuevo, enumeran el «derecho a la memoria y su significación política», que comparten las víctimas y el «conjunto de la ciudadanía vasca»; el derecho a la «libertad y la convivencia», de todos los ciudadanos; y los derechos de las víctimas a la Justicia, Dignidad, Reconocimiento y Reparación.
El PSE destaca en su propuesta de preámbulo, de la que elimina toda alusión al Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, que el «significado político» de las víctimas «no puede ser otro que la defensa de aquello que ETA pretendía y aún pretende eliminar»; los socialistas lo materializan en «la libertad encarnada en el Estado de Derecho como garante de nuestras libertades y la convivencia encarnada en los pactos entre diferentes» en una sociedad «plural en ideas políticas y sentimientos de pertenencia». Una libertad y una convivencia, sentencian, «garantizadas por el denominado bloque constitucional».
GAL y extrema derecha
Al aludir al derecho a la memoria «de las injusticias padecidas por las víctimas del terrorismo, el asesinato, el secuestro, la extorsión o la amenaza, el PSE se refiere también a «los sufrimientos por los actos cometidos por el GAL y grupos de extrema derecha, actos debidos -dicen- al insuficiente control ejercido por el Estado de Derecho y que desaparecieron hace más de 20 años precisamente por la acción decidida de ese mismo Estado de Derecho».
Los socialistas introducen numerosas propuestas en el articulado de la Ley. Además de la creación del Instituto Vasco de la Memoria y del Consejo Vasco de Participación de las Víctimas de los Terrorismo -que reuniría a los damnificados y los grupos pacifistas con representantes de las administraciones vascas, propone que, entre las misiones que el artículo 6 encomienda a los poderes públicos para garantizar que las víctimas sean tratadas con dignidad y respeto a sus derechos, se añada la de «velar por la no utilización partidaria del dolor de las víctimas» y la realización de actuaciones que impidan los actos de exaltación del terrorismo o de homenaje a terroristas, «incluyendo el otorgar nombres de calles y plazas a los victimarios».
En el artículo 4, el PSE propone la creación por ley «una Comisión de la Verdad en el momento que el terrorismo haya desaparecido». Sus miembros, «personas de reconocido prestigio y autoridad moral», serían designados por el Parlamento vasco. Entre otras tareas, impulsaría un «Memorial en recuerdo de las Víctimas del Terrorismo».
