El fiscal jefe, Josu Izaguirre, denunció en octubre al funcionario por permitir que la empresa Opacua cobrara a los adjudicatarios de los 24 chalés tasados de Ibaiondo 54.000 euros más por cada casa a través de una polémica 'nota informativa'. Y todo ello a pesar de que el coste había sido fijado ya por el pleno. Sáenz de Santa María está imputado por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental, a los que la juez, tras escuchar su declaración, añadió después el de cohecho.
Chalés de Ali
En cuanto al 'caso Ali', la Fiscalía está a la espera del informe pericial definitivo para conocer si la parcela de la calle Asestadero medía menos de 2.000 metros cuadrados -como reveló ayer este periódico-, lo que, a juicio de Izaguirre, demostraría que en el solar no cabía un séptimo chalé.
Si es así, solicitará a la magistrada que investiga los hechos que inicie los trámites para enjuiciar al ex concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo, por un presunto delito de prevaricación.









