
Los simpatizantes de los colectivos contrarios al tren de alta velocidad (TAV) consiguieron entorpecer por cuarta vez uno de los procesos clave para el inicio de las obras, la obtención por parte del Ministerio de Fomento de la titularidad de los terrenos en los que se colocarán los raíles y el resto de las infraestructuras de la línea ferroviaria. La presión a las puertas de los ayuntamientos -que ayer se tradujo en «coacciones» y «amenazas», según informó la Ertzaintza- ya obligaron a suspender actos similares en Eskoriatza hace apenas tres semanas y, el pasado verano, en Legutiano y Arrazua Ubarrundia. Estos dos municipios alaveses están gobernados por EA y por el PNV, respectivamente.
Ante la sucesión de casos similares, el Ministerio de Fomento ha previsto un plan 'b' para que los trámites expropiatorios puedan cumplirse conforme a la legislación. Una orden ministerial ya facultó a las subdelegaciones del Gobierno para hacerse cargo de estos trámites en sus dependencias, a las que citarán individualmente a los afectados y les plantearán la firma de las actas previas de ocupación, el paso anterior a sellar la compraventa -amistosa o forzosa- de los suelos. Esta fórmula ya ha sido llevada a cabo en el caso de los anteriores municipios donde la presión de los colectivos anti-TAV o el rechazo de los alcaldes -que toman parte en el acto en calidad de testigos- impidió que el proceso se desarrollará con normalidad en sus respectivos ayuntamientos.
40 propietarios
«La Ley establece mecanismos para garantizar que se cumple la voluntad de la sociedad y de sus representantes legítimos frente a los acosos y las presiones de una minoría», destacaron ayer portavoces de la Administración central en Euskadi. Las mismas fuentes admitieron que el boicot a las expropiaciones puede «entorpecer» el desarrollo normal del proyecto, pero «no paralizarlo». La Subdelegación del Gobierno en Álava, en este sentido, tiene previsto convocar en las próximas semanas a los propietarios de los suelos.
En el caso de Aramaio, el tramo de la futura red de alta velocidad entre esta localidad y Mondragón requiere la expropiación de 32,7 hectáreas de terrenos pertenecientes a cerca de 40 propietarios, entre ellos el propio Ayuntamiento, que deberá aportar unos 17.000 metros cuadrados. El alcalde, Asier Agirre, que ha sido imputado por celebrar una consulta popular sobre el TAV en el municipio, eludió concretar ayer cuál será la postura municipal a este respecto.
El tramo Aramaio-Mondragón de la nueva red ferroviaria vasca es un segmento de 3,4 kilómetros cuya ejecución fue encargada hace algo más de un año -a finales de marzo de 2007- a la unión de empresas compuesta por las constructoras Sacyr y Amenabar. Su coste es de 57,8 millones de euros y su plazo de ejecución, de 30 meses.








