PP y EA expresaron su preocupación por que el equipo de gobierno pueda «meter en un lío a la ciudad», ya que las promotoras solicitan que, en el caso de que no prospere su petición, se les indemnice con 19 millones de euros. Alonso reiteró que la «seguridad jurídica es total», y asumió en primera persona «toda la responsabilidad» del caso.









