HACIENDA
El Tribunal de Luxemburgo dará hoy un primer informe sobre las normas fiscales vascas
La abogada general, Juliane Kokott, hará público su criterio
Juliane Kokott, abogada general del Tribunal de Luxemburgo, hará público hoy su informe sobre la existencia de un régimen fiscal diferenciado en el País Vasco. ¿Puede Euskadi establecer impuestos diferentes a los que estén vigentes en cada momento en el resto de España? Esta es, en términos simples, la pregunta a la que esta jurista germana deberá responder, como parte del procedimiento que se sigue en el Tribunal de la Unión Europea a instancias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
La respuesta que dé Juliane Kokott a esa pregunta no será concluyente, pero sí clarificadora. Los abogados generales son una figura peculiar del sistema judicial comunitario, ocupan un papel similar al de los fiscales en el procedimiento español, aunque con muchas diferencias. Entre otras, que la tesis que los abogados generales exponen en sus informes son aceptadas en el 80% de los casos por la sala encargada de dictar la sentencia. De ahí la importancia del informe que se conocerá hoy.
La vista pública celebrada a finales del pasado febrero no arrojó ninguna luz, por mucho que los representantes de las instituciones vascas presentes en la Corte Europea hicieran gala de un enorme optimismo sobre el resultado del proceso. La vicelehendakari del Gobierno vasco, Idoia Zenarruzabeitia, reiteró ayer su deseo de que la sentencia sea favorable a las diputaciones.
En aquella ocasión, Kokott guardó un silencio absoluto y no realizó pregunta alguna a las numerosas partes presentes en la vista. En el lado 'atacante', los gobiernos de La Rioja y Castilla y León, así como el sindicato UGT riojano y la propia Comisión Europea, los más beligerantes contra la descentralización normativa que alberga el Concierto Económico vasco. En la defensa de los intereses de las instituciones de Euskadi intervinieron abogados del Estado, de las diputaciones forales, así como representantes de Confebask y de la Cámara de Comercio de Bilbao.
Sentencia trascendental
La decisión del Tribunal, cuando se redacte la sentencia, será trascendente y tendrá muchas consecuencias. Si Euskadi obtiene el respaldo de la Corte de Luxemburgo, finalizará el largo y tortuoso peregrinar de las normas fiscales vascas por las salas de lo Contencioso de la Justicia española. Hay que recordar que el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que declaraba ilegal el Impuesto de Sociedades del País Vasco y en la que sostenía además la tesis de que no podía separarse del que estuviese vigente en el resto de España.
Si, por el contrario, el Tribunal estima que las diputaciones no pueden elaborar una normativa fiscal propia -al menos en lo que respecta a la fiscalidad de las empresas-, se habrá dinamitado uno de los elementos claves del Concierto Económico, si bien no el más importante.
La decisión de los jueces comunitarios no sólo afectará al País Vasco, ya que entrará de lleno en el debate que la UE mantiene desde hace años sobre la armonización fiscal de la Unión. Un capítulo en el que se ha avanzado muy poco, ante la oposición frontal de muchos países a ceder una de las escasas palancas que les quedan a los estados para definir una política económica propia.
La respuesta que dé Juliane Kokott a esa pregunta no será concluyente, pero sí clarificadora. Los abogados generales son una figura peculiar del sistema judicial comunitario, ocupan un papel similar al de los fiscales en el procedimiento español, aunque con muchas diferencias. Entre otras, que la tesis que los abogados generales exponen en sus informes son aceptadas en el 80% de los casos por la sala encargada de dictar la sentencia. De ahí la importancia del informe que se conocerá hoy.
La vista pública celebrada a finales del pasado febrero no arrojó ninguna luz, por mucho que los representantes de las instituciones vascas presentes en la Corte Europea hicieran gala de un enorme optimismo sobre el resultado del proceso. La vicelehendakari del Gobierno vasco, Idoia Zenarruzabeitia, reiteró ayer su deseo de que la sentencia sea favorable a las diputaciones.
En aquella ocasión, Kokott guardó un silencio absoluto y no realizó pregunta alguna a las numerosas partes presentes en la vista. En el lado 'atacante', los gobiernos de La Rioja y Castilla y León, así como el sindicato UGT riojano y la propia Comisión Europea, los más beligerantes contra la descentralización normativa que alberga el Concierto Económico vasco. En la defensa de los intereses de las instituciones de Euskadi intervinieron abogados del Estado, de las diputaciones forales, así como representantes de Confebask y de la Cámara de Comercio de Bilbao.
Sentencia trascendental
La decisión del Tribunal, cuando se redacte la sentencia, será trascendente y tendrá muchas consecuencias. Si Euskadi obtiene el respaldo de la Corte de Luxemburgo, finalizará el largo y tortuoso peregrinar de las normas fiscales vascas por las salas de lo Contencioso de la Justicia española. Hay que recordar que el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que declaraba ilegal el Impuesto de Sociedades del País Vasco y en la que sostenía además la tesis de que no podía separarse del que estuviese vigente en el resto de España.
Si, por el contrario, el Tribunal estima que las diputaciones no pueden elaborar una normativa fiscal propia -al menos en lo que respecta a la fiscalidad de las empresas-, se habrá dinamitado uno de los elementos claves del Concierto Económico, si bien no el más importante.
La decisión de los jueces comunitarios no sólo afectará al País Vasco, ya que entrará de lleno en el debate que la UE mantiene desde hace años sobre la armonización fiscal de la Unión. Un capítulo en el que se ha avanzado muy poco, ante la oposición frontal de muchos países a ceder una de las escasas palancas que les quedan a los estados para definir una política económica propia.
