
Por eso, llegados a este punto, la Junta de Gobierno local ha acordado imponer a la Unión Temporal de Empresas Miran-Ebro una sanción de 33.680 euros. Cantidad que será deducida del importe de las certificaciones que las arcas municipales tienen pendientes de pago.
«El procedimiento es muy sencillo. Hemos abierto un expediente a la empresa y sancionar», apuntó Campo. A partir de ahora y antes de que se haga efectivo el cobro de la penalización, la empresa puede recurrir la decisión municipal y tratar de argumentar los motivos del retraso. Algo que resultará casi imposible. «No tiene explicación. Sólo hay que pasar por la obra y verlo. Puedo asegurar que la sanción no se va a quitar», zanjó.





