VIZCAYA
Propina moral
08.05.08 -
Hay entre nosotros gente capacitada para dar seminarios sobre Kafka sin haber leído en su vida una sola página del autor checo. Cualquiera de los vizcaínos que un mal día decidieron comprar un piso en las ya celebérrimas urbanizaciones de Argoños y Arnuero podrían hacerlo sin problemas. Al fin y al cabo, ellos saben bien lo que se siente cuando el monstruo administrativo, ese gigante torpe y corto de entendederas, se fija en uno y decide colocarlo en la salida de su parchís absurdo.
La historia es conocida. Cerca de seiscientas familias vascas, en su mayoría vizcaínas, decidieron comprar una segunda vivienda en urbanizaciones de Cantabria. Sus planes no eran demasiado ambiciosos: escaparse en vacaciones, aprovechar los fines de semana, ir a la playa, preparar paellas, dejar que los niños respirasen un poco de aire puro. Como cualquiera, nuestros vecinos, antes de pagar, se cercioraron de que los papeles estaban en regla: permisos de construcción, de habitabilidad, etc.
Todo estaba en orden, es decir, bendecido por las autoridades, hasta que un grupo ecologista denunció legítimamente la construcción de las viviendas y resultó que el Plan General de Ordenación Urbana era ilegal. Es decir que, al parecer, las administraciones locales y el Gobierno cántabro estaban gestionando la cosa del ladrillo de un modo creativo, al estilo marbellí. De pronto, lo que estaba en regla dejó de estarlo y los propietarios se enteraron por la prensa de que sus casas debían ser derruidas.
El chiste está en que, aunque la administración era la culpable de la calamidad urbanística, los que debían pagar eran los propietarios, viendo sus viviendas reducidas a escombros. Organizados en una combativa asociación llamada AMA, los afectados llevan años haciendo ruido y tratando de encontrar la salida a un enrevesado laberinto de ladrillo. Ahora el Tribunal Supremo no acepta el recurso del Ayuntamiento de Argoños y del Gobierno cántabro y reitera que los afectados tienen derecho a una indemnización por daño moral. Entre 9.000 y 12.000 euros. Algo es algo, pero suena a propina en las manos de unas personas que han visto cómo sus sueños de tener una casa cerca de la playa se convertían en un quebradero de cabeza de tamaño unifamiliar.
La historia es conocida. Cerca de seiscientas familias vascas, en su mayoría vizcaínas, decidieron comprar una segunda vivienda en urbanizaciones de Cantabria. Sus planes no eran demasiado ambiciosos: escaparse en vacaciones, aprovechar los fines de semana, ir a la playa, preparar paellas, dejar que los niños respirasen un poco de aire puro. Como cualquiera, nuestros vecinos, antes de pagar, se cercioraron de que los papeles estaban en regla: permisos de construcción, de habitabilidad, etc.
Todo estaba en orden, es decir, bendecido por las autoridades, hasta que un grupo ecologista denunció legítimamente la construcción de las viviendas y resultó que el Plan General de Ordenación Urbana era ilegal. Es decir que, al parecer, las administraciones locales y el Gobierno cántabro estaban gestionando la cosa del ladrillo de un modo creativo, al estilo marbellí. De pronto, lo que estaba en regla dejó de estarlo y los propietarios se enteraron por la prensa de que sus casas debían ser derruidas.
El chiste está en que, aunque la administración era la culpable de la calamidad urbanística, los que debían pagar eran los propietarios, viendo sus viviendas reducidas a escombros. Organizados en una combativa asociación llamada AMA, los afectados llevan años haciendo ruido y tratando de encontrar la salida a un enrevesado laberinto de ladrillo. Ahora el Tribunal Supremo no acepta el recurso del Ayuntamiento de Argoños y del Gobierno cántabro y reitera que los afectados tienen derecho a una indemnización por daño moral. Entre 9.000 y 12.000 euros. Algo es algo, pero suena a propina en las manos de unas personas que han visto cómo sus sueños de tener una casa cerca de la playa se convertían en un quebradero de cabeza de tamaño unifamiliar.
