De esta forma, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores compartirían el papel de regulador sobre bancos, cajas y otras entidades. El objetivo es mejorar la información sobre la solvencia de sus cuentas, de cara a coordinar y agilizar cualquier intervención al respecto en un mundo cada vez más globalizado, y donde los problemas en un determinado sistema financiero pueden trasladarse con facilidad a otros, como ha ocurrido con la crisis de las hipotecas de alto riesgo en EE UU.





