Varios agentes de la Guardia Civil fueron a una conocida armería de Vitoria a realizar una inspección de carácter administrativo y descubrieron la existencia de 117 artificios tipo granada con carga de pólvora y pintura; y otros 240 de tipo bengala con humo amarillo.
Estos productos no se habían sometido a los preceptivos controles y autorizaciones con carácter previo a su comercialización en España, careciendo por tanto de la marca "CE" que permite su venta. Por este motivo se procedió a incautarlos en su totalidad, retirándolos de manera inmediata del mercado.
Según la Guardia Civil, estas irregularidades pueden llegar a constituir hasta tres diferentes supuestas infracciones graves contra la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y el Reglamento de Explosivos, estando castigadas cada una de ellas con cantidades que oscilan entre 300 a 30.000 €.









