GENERAL
Implicado en un proceso por 'mobbing', que fue archivado
09.05.08 -
El coronel imputado por presunto acoso sexual ya se vio implicado en otro proceso judicial que también tuvo su origen en el cuartel de Mungia. Hace seis años, F.B.O. fue uno de los quince oficiales y suboficiales del acuartelamiento de Soyeche acusados por un comandante por supuesta persecución psicológica. La demanda interpuesta ante el Tribunal Militar Central, que fue archivada, constituyó el primer caso de presunto 'mobbing' que salió a la luz pública en las Fuerzas Armadas.
Los hechos denunciados ocurrieron entre diciembre de 2001 y junio de 2002. El comandante del Regimiento Garellano J.P.R. recurrió a los jueces castrenses tras agotar los conductos habituales dentro del Ejército para plantear este tipo de reclamaciones. La presunta víctima de 'mobbing' acusó al entonces coronel del cuartel de Mungia, L.G.A., y a catorce de sus subordinados -entre ellos el ahora imputado- por «aislarle, limitar sus derechos, insultarle y ridiculizarle en público, denegarle documentos, desautorizarle y tratarle en un tono vejatorio».
El comandante cogió una baja tras un «arresto arbitrario», según explicó entonces, y se decidió a presentar una denuncia ante el Juzgado Togado Militar Central contra los quince mandos. La demanda fue archivada por esta instancia judicial tras escuchar la declaración del principal acusado.
Pero no acabó ahí el caso. Posteriormente, ese mismo coronel denunció a su vez a J.P.R. por «abandono de destino» cuando estaba de baja por depresión. La acusación -que su subordinado interpretó como una venganza- le costó a L.G.A. un procesamiento por un presunto delito de deslealtad. La acusación solicitó tres años y un mes de prisión pero el Tribunal Militar le absolvió.
El coronel argumentó que no se había dado por enterado de los informes médicos que le enviaba el padre del comandante. En su opinión, la confirmación de la baja debía haberle llegado por parte el propio afectado y no a través de un familiar. La sentencia argumentó que el acusado «actuó en el ejercicio legítimo del mando, cumplimentando su obligación de controlar las bajas médicas».
Los hechos denunciados ocurrieron entre diciembre de 2001 y junio de 2002. El comandante del Regimiento Garellano J.P.R. recurrió a los jueces castrenses tras agotar los conductos habituales dentro del Ejército para plantear este tipo de reclamaciones. La presunta víctima de 'mobbing' acusó al entonces coronel del cuartel de Mungia, L.G.A., y a catorce de sus subordinados -entre ellos el ahora imputado- por «aislarle, limitar sus derechos, insultarle y ridiculizarle en público, denegarle documentos, desautorizarle y tratarle en un tono vejatorio».
El comandante cogió una baja tras un «arresto arbitrario», según explicó entonces, y se decidió a presentar una denuncia ante el Juzgado Togado Militar Central contra los quince mandos. La demanda fue archivada por esta instancia judicial tras escuchar la declaración del principal acusado.
Pero no acabó ahí el caso. Posteriormente, ese mismo coronel denunció a su vez a J.P.R. por «abandono de destino» cuando estaba de baja por depresión. La acusación -que su subordinado interpretó como una venganza- le costó a L.G.A. un procesamiento por un presunto delito de deslealtad. La acusación solicitó tres años y un mes de prisión pero el Tribunal Militar le absolvió.
El coronel argumentó que no se había dado por enterado de los informes médicos que le enviaba el padre del comandante. En su opinión, la confirmación de la baja debía haberle llegado por parte el propio afectado y no a través de un familiar. La sentencia argumentó que el acusado «actuó en el ejercicio legítimo del mando, cumplimentando su obligación de controlar las bajas médicas».
