A cambio del acuerdo, la Administración de Justicia y los acusados se ahorrarán tener que afrontar las vistas correspondientes a cada proceso. Los ediles -Julián Muñoz, Mario Jiménez, Manuel Calle, Dolores Zurdo, Rafael González y Marisa Alcalá- también serán inhabilitados para ejercer un cargo público durante diez años. El pacto no ha sido aceptado aún por los concejales del segundo mandato del GIL, entre 1999 y 2003. La negociación ha quedado aplazada hasta junio.
Los ex ediles que sí han aceptado podrían ser encarcelados en septiembre, si bien Julián Muñoz ya cumple condena. Enrique Osuna, letrado de varios imputados, aseguró ayer que las autoridades judiciales computarán el tiempo que los acusados ya han pasado en la cárcel por causas urbanísticas. Según el abogado, todos han cumplido, al menos, doce meses, por lo que les quedarían dos años.
En este sentido, Osuna explicó que sus clientes estaban interesados en lograr un acuerdo para que su situación «se clarificara cuanto antes, ponerse en paz con la Justicia lo antes posible y reanudar sus vidas». Por ese motivo, el abogado expresó su deseo de que los ingresos en la cárcel se produzcan en septiembre.







