
En una abarrotada sala de prensa, los dos diputados generales invocaron la solidaridad entre territorios y su forma de entender «las responsabilidades de gobierno. Vamos a entrar en un esquema de 'hoy por ti y mañana por mí, en ésta y en otras cuestiones», afirmó Markel Olano. Sin precisar más ámbitos de colaboración, aseguró que estará dispuesto a prestar apoyo a Vizcaya «en las necesidades del futuro». La Diputación guipuzcoana, obligada a resolver el acuciante problema de las basuras, buscó esa misma alianza con el Ayuntamiento de Vitoria, propietario del vertedero de Gardélegui, pero su petición fue rechazada.
El gabinete de José Luis Bilbao ha apostado por facilitar el desarrollo del plan de gestión de residuos del territorio vecino, que es muy similar al de aquí y está «basado en el modelo europeo», pero arrastra un considerable retraso. Se han perdido dos años cruciales en el debate sobre la ubicación de la incineradora -finalmente estará en Zubieta (San Sebastián)- y la búsqueda del consenso político. En el discurso de Olano se apreciaban ayer ecos de la polémica. Sin mencionar la palabra incineración, explicó que se potenciarán al máximo el compostaje, el reciclaje y el tratamiento previo de los desechos para reducir el peso de la «valorización energética» en el ciclo de tratamiento.
A Igorre y Jata
El modelo «está bien encaminado y tiene objetivos muy ambiciosos», dijo. El nuevo centro de gestión de residuos empezará a funcionar «a finales de 2012 o principios de 2013». Hasta entonces, las 25.000 toneladas de desperdicios que recibe el vertedero de San Marcos, que ya ha superado su vida útil, se trasladarán a Vizcaya para permitir su cierre definitivo. Los desechos voluminosos se llevarán a la planta de Ortuella y los orgánicos se repartirán entre las escombreras de Jata e Igorre. Este último recinto, por su proximidad, será probablemente el centro de referencia.
Los detalles todavía no se han concretado. «La operatividad se irá determinando en cada momento», explicó el diputado de Medio Ambiente, Iosu Madariaga. Las mancomunidades deberán pagar 65 euros por tonelada (IVA incluido), lo mismo que los ayuntamientos vizcaínos. «No vamos a hacer negocio con la basura guipuzcoana», enfatizó Madariaga, que recordó que los vertederos vizcaínos están lejos de colmatarse. Al de Igorre le quedan casi diez años de vida útil y al de Jata, 23.
En total, durante estos cuatro años se van a tratar 100.000 toneladas de basura procedentes de Guipúzcoa. Una suma que el diputado general matizó en un nuevo intento por conciliar el apoyo al vecino con la sensibilidad vizcaína. Durante más de una década, Ermua y Mallabia, que pertenecen a la Mancomunidad del Bajo Deba, han depositado sus residuos «que suman unas 80.000 toneladas» en el vertedero de Lapatx. Como ambos pueblos generan 6.000 toneladas de desperdicios al año, «la basura guipuzcoana, si se me permite la expresión, se reduce a 76.000», dijo. El esfuerzo de cálculo revela hasta qué punto se ha medido la forma de presentar el convenio. Tras el apretón de manos, Markel Olano agradeció «el esfuerzo solidario» de José Luis Bilbao y afirmó que «la perspectiva territorial cerril, en la línea de lo que era Unidad Alavesa, no puede distorsionar la eficacia del modelo» de gestión de los desechos. «Mientras unos se parten la cara por llevar unos metros cúbicos de agua de un sitio a otro, nosotros llegamos a acuerdos», apostilló Bilbao, que defendió «la aportación solidaria de Vizcaya al medio ambiente del País Vasco».






