ÁLAVA
Descompuestos y sin casa
Una promotora de adosados en Okondo deja en la estacada a cuatro familias, a las que devuelve sólo parte del dinero que le habían dado Los damnificados llegaron a denunciar a la constructora por «estafa»
A MEDIO TERMINAR. María y Juan, un joven matrimonio de Llodio, miran los adosados de Okondo en los que han enterrado dinero e ilusiones. / JOSÉ MONTES
«Desde el día que nació, mi hija sólo me ha visto llorar». Así resume María M.P., una joven de Llodio, el martirio que ella y su marido, Juan C.M., han vivido tras decidir comprar un sencillo adosado en una promoción de cuatro viviendas en la cercana localidad alavesa de Okondo. El inmueble no ha llegado a sus manos, después de perder miles de euros y mucha salud por el camino.
Su historia y la de tres parejas más -una de ellas con dos hijos- arranca en octubre de 2003. «Íbamos a ser padres y nos pareció una buena idea trasladarnos a una casita con jardín y empezar un nuevo proyecto de vida». La ilusión por tener una vivienda en mitad de un prado comenzó a hacerse realidad «cuando en la inmobiliaria Iruñalan de Llodio vimos una promoción de adosados en Okondo». El precio de 218.648 euros -IVA incluido- les pareció que se ajustaba a sus posibilidades. Se animaron a dar 3.000 euros para hacer la reserva.
«Los de la inmobiliaria nos dijeron que el promotor -el Grupo Okondo, una sociedad limitada con sede en Zarautz- era muy seria. El contrato establecía un plazo máximo de dos años para construir y una cláusula que nos daba tranquilidad. Decía que si la parte vendedora incumplía lo firmado, tendría que devolvernos las cantidades a cuenta, más otra cuantía equivalente a lo entregado». Con estas garantías, no dudaron nada en entregar los primeros 21.864 euros.
María M. y Juan C. pidieron un préstamo a la Vital, porque aún no habían vendido su piso. «Hicimos un crédito puente, pero sólo nos concedían el dinero a medida que se iban certificando las diferentes fases de la obra. Menos mal que la Caja nos puso esta condición. Si no, habríamos perdido más dinero porque habríamos hecho más entregas, como les ha ocurrido a las otras tres familias».
Los trabajos arrancaron a buen ritmo. «Para la primavera de 2004 ya estaba hecha la estructura y debían comenzar los cerramientos, pero el ritmo de la obra se redujo de manera importante. Llegó el verano y en los chalecitos empezaron a verse carteles de los operarios para denunciar que no cobraban los salarios. «Empezamos a agobiarnos, y en la inmobiliaria nos decían que estuviésemos tranquilos, pero el tiempo pasaba y aquello no avanzaba».
En marzo de 2005, la promotora volvió a pedir dinero. María M. y Juan C., que para entonces llevaban entregados 68.598 euros, se negaron a hacer nuevas aportaciones. El resto de compradores, en cambio, puso más cantidades hasta un total de 121.000, 116.644 y 112.329 euros, respectivamente. En total, el Grupo Okondo recibió 418.571 euros de las cuatro familias.
Como las obras seguían paradas, los afectados contactaron con un abogado hasta formalizar, en di-ciembre de 2005, una denuncia en el juzgado de Amurrio por un presunto delito continuado de estafa. En 2007, el fiscal aceptó esta demanda y solicitó una pena de entre cuatro y ocho años de cárcel para el administrador de Grupo Okondo. Ante esta petición, la promotora inmobiliaria, que se ha declarado insolvente, pidió negociar la devolución de parte del dinero. En noviembre de 2007, firmó con las cuatro familias la entrega de 60.000 euros a cada pareja en tres plazos: 42.070 en ese momento y el resto entre 2008 y 2009. A cambio, los damnificados han retirado la denuncia y firmado que han sido «moral y materialmente resarcidas». Los cuatro adosados saldrán a subasta judicial el día 25 de junio.
Una pareja rota
«No hemos sido ni una cosa ni la otra, pero hemos tenido que hacerlo para poder recuperar algo de dinero. En el camino se han quedado más de 8.000 euros que se los ha llevado la promotora y otros 13.000 de intereses y de una indemnización que tuvimos que pagar a la persona con la que cerramos la venta de nuestro piso».
A María M. le duele el dinero, pero lo que más le quema ahora es el sufrimiento que las cuatro familias han tenido durante cuatro años y las secuelas que les van a dejar». Y es que esta joven madre ha estado «un año de baja por ansiedad». Las discusiones llevaron a otra de las parejas «a romper. El matrimonio con hijos vendió su casa y ahora no tiene piso, tiene que vivir de alquiler».
La joven de Llodio dispara también sus iras contra «la inmobiliaria Iruñalan, que nos vendió el adosado, porque se ha quedado tan fresca. No ha dado la cara ni apoyado en nada y siempre nos quedará la duda de si, encima, se habrán quedado con la comisión». A María le escuece el dinero, pero sobre todo «que mi niña no me haya visto más que llorar».
Su historia y la de tres parejas más -una de ellas con dos hijos- arranca en octubre de 2003. «Íbamos a ser padres y nos pareció una buena idea trasladarnos a una casita con jardín y empezar un nuevo proyecto de vida». La ilusión por tener una vivienda en mitad de un prado comenzó a hacerse realidad «cuando en la inmobiliaria Iruñalan de Llodio vimos una promoción de adosados en Okondo». El precio de 218.648 euros -IVA incluido- les pareció que se ajustaba a sus posibilidades. Se animaron a dar 3.000 euros para hacer la reserva.
«Los de la inmobiliaria nos dijeron que el promotor -el Grupo Okondo, una sociedad limitada con sede en Zarautz- era muy seria. El contrato establecía un plazo máximo de dos años para construir y una cláusula que nos daba tranquilidad. Decía que si la parte vendedora incumplía lo firmado, tendría que devolvernos las cantidades a cuenta, más otra cuantía equivalente a lo entregado». Con estas garantías, no dudaron nada en entregar los primeros 21.864 euros.
María M. y Juan C. pidieron un préstamo a la Vital, porque aún no habían vendido su piso. «Hicimos un crédito puente, pero sólo nos concedían el dinero a medida que se iban certificando las diferentes fases de la obra. Menos mal que la Caja nos puso esta condición. Si no, habríamos perdido más dinero porque habríamos hecho más entregas, como les ha ocurrido a las otras tres familias».
Los trabajos arrancaron a buen ritmo. «Para la primavera de 2004 ya estaba hecha la estructura y debían comenzar los cerramientos, pero el ritmo de la obra se redujo de manera importante. Llegó el verano y en los chalecitos empezaron a verse carteles de los operarios para denunciar que no cobraban los salarios. «Empezamos a agobiarnos, y en la inmobiliaria nos decían que estuviésemos tranquilos, pero el tiempo pasaba y aquello no avanzaba».
En marzo de 2005, la promotora volvió a pedir dinero. María M. y Juan C., que para entonces llevaban entregados 68.598 euros, se negaron a hacer nuevas aportaciones. El resto de compradores, en cambio, puso más cantidades hasta un total de 121.000, 116.644 y 112.329 euros, respectivamente. En total, el Grupo Okondo recibió 418.571 euros de las cuatro familias.
Como las obras seguían paradas, los afectados contactaron con un abogado hasta formalizar, en di-ciembre de 2005, una denuncia en el juzgado de Amurrio por un presunto delito continuado de estafa. En 2007, el fiscal aceptó esta demanda y solicitó una pena de entre cuatro y ocho años de cárcel para el administrador de Grupo Okondo. Ante esta petición, la promotora inmobiliaria, que se ha declarado insolvente, pidió negociar la devolución de parte del dinero. En noviembre de 2007, firmó con las cuatro familias la entrega de 60.000 euros a cada pareja en tres plazos: 42.070 en ese momento y el resto entre 2008 y 2009. A cambio, los damnificados han retirado la denuncia y firmado que han sido «moral y materialmente resarcidas». Los cuatro adosados saldrán a subasta judicial el día 25 de junio.
Una pareja rota
«No hemos sido ni una cosa ni la otra, pero hemos tenido que hacerlo para poder recuperar algo de dinero. En el camino se han quedado más de 8.000 euros que se los ha llevado la promotora y otros 13.000 de intereses y de una indemnización que tuvimos que pagar a la persona con la que cerramos la venta de nuestro piso».
A María M. le duele el dinero, pero lo que más le quema ahora es el sufrimiento que las cuatro familias han tenido durante cuatro años y las secuelas que les van a dejar». Y es que esta joven madre ha estado «un año de baja por ansiedad». Las discusiones llevaron a otra de las parejas «a romper. El matrimonio con hijos vendió su casa y ahora no tiene piso, tiene que vivir de alquiler».
La joven de Llodio dispara también sus iras contra «la inmobiliaria Iruñalan, que nos vendió el adosado, porque se ha quedado tan fresca. No ha dado la cara ni apoyado en nada y siempre nos quedará la duda de si, encima, se habrán quedado con la comisión». A María le escuece el dinero, pero sobre todo «que mi niña no me haya visto más que llorar».
