El dirigente, no obstante, alertó de que la desigualdad de tratamiento fiscal para empresas supone un «elemento de deslocalización» que afecta a Castilla y León por encontrarse algunas de sus provincias cerca del País Vasco.
Habitualmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea suele seguir las recomendaciones de la abogada general, por lo que habrá que esperar la sentencia definitiva, aunque el presidente de la Junta parece observar que los intereses de Castilla y León, personada como parte en el proceso, no serán refrendados por la decisión judicial.





