EDITORIAL
Justicia con dudas
10.05.08 -
La negativa de la juez de Haro a reabrir las diligencias por el atropello que costó la vida en 2004 al joven Enaitz Iriondo, tal y como había solicitado el fiscal superior de La Rioja ante las nuevas pruebas reunidas, se ampara en la imposibilidad legal de reiniciar un procedimiento que, según insiste la magistrada, quedó definitivamente desestimado al no apreciarse en su momento indicios delictivos contra el conductor implicado. El auto hecho público ayer rechaza con contundencia que pueda considerarse el sobreseimiento libre dictado para Tomás Delgado un mes después del accidente como un archivo provisional, por lo que ni siquiera entra a valorar los indicios presentados ahora y que contravienen el atestado inicial de la Guardia Civil. La juez critica con dureza al fiscal por su «sorprendente y diametral cambio de criterio», llegando a sugerir incluso que puede deberse a la trascendencia mediática que ha adquirido el caso. Y de hecho, la Fiscalía no cuestionó la resolución del proceso hasta que la desalmada reclamación por daños y perjuicios presentada por Delgado contra los padres de Enaitz fijó la atención en la víctima.
Pero el auto de la juez no elimina las dudas razonables que se han suscitado sobre las circunstancias en que se produjo el atropello. El reciente examen realizado por la Unidad Central de Reconstrucción de Accidentes de la propia Guardia Civil apunta a que el conductor circulaba a una velocidad muy superior a la permitida y bajo los efectos del alcohol, además de cuestionar que la responsabilidad fuera de Enaitz por saltarse supuestamente un stop. Las contradicciones entre este informe y el primer atestado habrían requerido del contraste judicial para difuminar las sospechas sobre una instrucción inadecuada. Los obstáculos a la reapertura de diligencias resueltas como 'cosa juzgada' constituyen una imprescindible garantía para la protección de los derechos de cualquier ciudadano. Pero cabe preguntarse si en este caso la justicia ha actuado, en todos sus órdenes, en aras a asegurar una aplicación eficaz de los presupuestos legales que evitara, además de la eventual indefensión del conductor, la de la familia tan dramáticamente afectada por el atropello.
Pero el auto de la juez no elimina las dudas razonables que se han suscitado sobre las circunstancias en que se produjo el atropello. El reciente examen realizado por la Unidad Central de Reconstrucción de Accidentes de la propia Guardia Civil apunta a que el conductor circulaba a una velocidad muy superior a la permitida y bajo los efectos del alcohol, además de cuestionar que la responsabilidad fuera de Enaitz por saltarse supuestamente un stop. Las contradicciones entre este informe y el primer atestado habrían requerido del contraste judicial para difuminar las sospechas sobre una instrucción inadecuada. Los obstáculos a la reapertura de diligencias resueltas como 'cosa juzgada' constituyen una imprescindible garantía para la protección de los derechos de cualquier ciudadano. Pero cabe preguntarse si en este caso la justicia ha actuado, en todos sus órdenes, en aras a asegurar una aplicación eficaz de los presupuestos legales que evitara, además de la eventual indefensión del conductor, la de la familia tan dramáticamente afectada por el atropello.
