
Los ecologistas censuran entre otras cosas el «secretismo» de las conversaciones entre las autoridades. «Los principales interesados y afectados se han enterado del acuerdo por la prensa -lamentan-. Los partidos representados en las Juntas, los ayuntamientos que van a recibir las basuras, las mancomunidades implicadas y la propia sociedad».
Acciones de Zabalgarbi
Los responsables del colectivo se preguntan «para qué sirven los planes de gestión de residuos urbanos» que han aprobado los parlamentos territoriales, documentos que «ni de lejos» contemplan una propuesta como la que se ha anunciado esta semana. También plantean otras cuestiones. La Diputación guipuzcoana abonará 65 euros por cada tonelada de basura, la misma tasa que los ayuntamientos. «Pero, ¿quién pagará los costes añadidos de la compactación y el transporte?», apostillan.
Aunque los desechos que lleguen de Guipúzcoa no van a ir a parar a Zabalgarbi, los ecologistas sostienen que las instituciones quieren «ganar tiempo para poner en marcha la incineradora de Zubieta y acelerar los planes de la segunda línea» de Vizcaya. En esto coinciden con Ezker Batua, que ayer insistió en que, «aunque sea indirectamente, las basuras guipuzcoanas servirán para alimentar la planta de Zabalgarbi a medio plazo», ya que contribuirán a «saturar los vertederos vizcaínos».
El apoderado Jonathan Martínez ha pedido que la Diputación compre acciones de Zabalgarbi para «que tenga mayoría de capital público» y evitar así «la gestión privada de los residuos» del territorio histórico.





