Para este año, el Inem tiene presupuestados 15.506 millones de euros con destino al pago de las prestaciones por el seguro de desempleo, el subsidio de paro, la renta activa de inserción y el subsidio agrario. La suma es un 9% superior a la presupuestada para el pasado ejercicio -unos 14.200 millones- que ya hubo de ser complementada antes de acabar el ejercicio con 500 millones. Sin embargo, frente al incremento esperado por el Ejecutivo, la realidad impone su ley y los gastos del paro han crecido en el primer trimestre del año a un ritmo superior al 20%, hasta totalizar más de 4.554 millones.
Nuevas prestaciones
El mantenimiento de los actuales niveles de desempleo y, por tanto, del ritmo de crecimiento del gasto, arrojaría una factura superior a los 18.000 millones de euros para el conjunto del ejercicio. Sin embargo, las exigencias de los sindicatos, que ya negocian con el Gobierno las medidas para paliar la situación de los colectivos más perjudicados por la crisis, no se quedarán en el cumplimiento de la normativa vigente sobre prestaciones por desempleo, que es la que por el momento está disparando el gasto. Irán más allá en el proceso de diálogo social recién iniciado y reclamarán nuevos nichos de protección.
El propio vicepresidente económico, Pedro Solbes, ha reconocido que el paro crece a un ritmo mayor de lo previsto, y aseguraba también que el Estado dispone de recursos suficientes para hacer frente al incremento de la nómina de los desocupados. Por ahí no habrá problemas, al menos durante este año. El propio organismo de empleo tiene capacidad para abordar durante el presente ejercicio el incremento del gasto, ya que, según dejó constancia el anterior ministro de Trabajo ante el Congreso de los Diputados a finales de 2007, tiene un remanente de tesorería de 3.800 millones de euros.
En este tipo de protección social, hay que tener en cuenta que los pagos del Inem, en el caso del seguro de desempleo, no sólo consisten en el abono de la retribución que corresponde al trabajador, sino también en sus cotizaciones a la Seguridad Social de acuerdo con lo abonado en los últimos meses. Ello ha llevado a que en el primer trimestre de 2008, según las cifras del Servicio Público Estatal de Empleo-Inem, el gasto medio por desocupado se elevara a unos mil euros al mes, excluidos los trabajadores eventuales agrarios.
Las últimas estadísticas del organismo de empleo revelan que el paro ha crecido en los últimos doce meses a un ritmo del 16%, y las previsiones del Gobierno y estimaciones de empresarios y sindicatos no dejan lugar a dudas de que la situación seguirá empeorando a lo largo de este ejercicio y, al menos, parte del siguiente. Al acabar el mes de marzo había en España 2.300.975 parados registrados en las oficinas públicas de empleo, de los que casi 1,6 millones recibían algún tipo de cobertura económica, una cifra que es un 14% superior a la del mismo mes del año pasado.
Entrar y salir
El elevado gasto en desempleo -representará este año casi una cuarta parte de los más de 80.000 millones que se pagarán en pensiones contributivas- tiene su origen tanto en las elevadas cifras de desempleo como en la elevada rotación del mercado laboral español que, con un 30% de temporalidad, obliga a millones de trabajadores a entrar y salir del paro de forma continua. Como en los últimos tiempos sus contratos han sido un poco más largos y estables, han acumulado más derechos -se cobran cuatro meses por un año cotizado, periodo mínimo para generar la prestación-, y el gasto está creciendo.
Para este año, el Inem tiene presupuestados 23.76 millones de euros, que cubrirá esencialmente con los casi 22.000 millones que espera recaudar por las cuotas de desempleo de trabajadores y empresarios. El mayor desembolso será el de las prestaciones de paro -15.506 millones presupuestados, cifra que, como se ha visto, se quedará corta-, y el segundo será el capítulo destinado al fomento de la inserción y la estabilidad laboral. Se llevará 7.548 millones, básicamente destinados a las subvenciones a las cuotas de la Seguridad Social de trabajadores mayores y colectivos con dificultades de colocación (3.200 millones de euros), y a la formación de parados y trabajadores para su mejor integración en el mercado laboral (2.379 millones). Una partida esta última que los sindicatos esperan que sea engordada para que pueda contribuir a formar parte del colchón para acoger a los afectados por la crisis .





