
El juicio se ha celebrado esta mañana en la Audiencia Provincial de Vizcaya. / Telepress
La Audiencia Provincial de Vizcaya ha condenado hoy a una abogada a dos años de prisión por estafar a un total de 40 inmigrantes a quienes prometió regularizar su situación tras ofrecerles trabajo. Al mismo tiempo, el Colegio de Abogados le ha inhabilitado por dos años por el mismo delito. El supuesto empresario, también procesado, no ha sido condenado porque "quien cobraba los recibos era ella".
La letrada ha sido condenada, además, al abono de 4.680 euros de multa, así como a la devolución de los 800 euros que exigió a cada uno de los 'ilegales' a cambio de un contrato para una empresa que resultó ser insolvente. La abogada se ha comprometido a pagar en breve un tercio de los 32.000 euros y las costas del proceso, mientras que el resto lo devolverá a plazos. El abogado de Haurresiak Apurtuz, José Angel Esnaola, ha indicado que, si la abogada "devuelve el dinero y no tiene antecendentes penales, no ingresará en prisión".
La vista oral no ha llegado a celebrarse después de que las partes, con la mediación del Colegio de Abogados, llegaran a un acuerdo de conformidad para que la condena se estableciera en dos años para la abogada, que habría estafado, en realidad, a 66 extranjeros, aunque sólo 40 la llevaron a juicio.
Sin precedentes
No obstante, el cumplimiento de la sanción como colegiada no se suspenderá, por lo que en cuanto, reciba la sentencia, el Colegio de Abogados la suspenderá en el ejercicio profesional por dos años. "Creo que es la primera vez que una colegiada es suspendida para el ejercicio de su profesión por estafa a inmigrantes", ha indicado Esnaola, quien ha destacado, además, que ha sido el Colegio de Abogados quien "ha mediado y pedido que se llegue a este acuerdo".
Esnaola ha asegurado que están "satisfechos" por la sentencia, aunque ha recordado que fue la Subdelegación del Gobierno la que pidió que acudieran al juzgado a realizar una inventigación penal, cuando, a juicio de Harresiak Apurtuz, la investigación de las redes que trafican con inmigrantes "es resposabilidad de las instituciones, de la Fiscalía, la Inspección de Trabajo y la Subdelegación".
Tanto la Fiscalía y el abogado de la coordinadora de ONGs de Euskadi, Harresiak Apurtuz, solicitaban, antes de llegar al acuerdo, seis años de prisión para un supuesto empresario y otros tantos para la abogada. Los inmigrantes salieron a la calle del Palacio de Justicia gritando que se había hecho justicia y su portavoz, Ousmane Diouf, dijo que estaban muy contentos y que esperaban que la Subdelegación del Gobierno regularicen sus papeles.