El Correo Digital

La tarifa eléctrica es, sin duda, una de las cosas más complejas que hay en el mundo de la economía. Su propia estructura y, sobre todo, la asignación de los costes y la formación de los precios constituyen un arcano al alcance de unos pocos elegidos. Ya les adelanto que no formo parte de tan selecto club. Siendo compleja, tampoco hay duda de que es muy importante. La electricidad es un input relevante para muchas industrias y, aunque objetivamente no supone un porcentaje destacado de los gastos comunes de los ciudadanos particulares, es cierto que su evolución se percibe con altas dosis de dramatismo. En los últimos años, la determinación de las tarifas ha seguido unas pautas sorprendentes ya que los precios no alcanzaban a compensar los costes. Es decir, pagábamos menos de lo que costaba y las empresas se veían obligadas a compensar este déficit con un 'apunte contable' en donde se reconocía el derecho futuro de cobro.

En resumen, hemos estado trasladando al futuro un coste que se debía de haber asumido en el pasado. ¿Qué razones sustentaban semejante proceder? Pues, básicamente, el temor a empeorar la inflación y el miedo al coste electoral de una medida impopular. Pero nada de eso ha cambiado con el paso del tiempo. Es evidente que los problemas de la inflación no son hoy menores que ayer y está claro que la impopularidad es inherente a las subidas de los productos y los servicios básicos, con independencia de cuándo y dónde se produzcan. El único cambio es que la resistencia gubernamental a aplicar medidas impopulares es inversamente proporcional al plazo de tiempo restante para las próximas elecciones y, como hay cuatro años por delante, el Gobierno se atreve a hacer ahora lo que debió y no quiso hacer antes. Los deudores saben bien que no hay fecha que no se alcance, ni plazo que no venza. Así que toca apechugar con ello.