ECONOMÍA
El Gobierno pide calma ante la inminente subida de la luz
El sector eléctrico insiste en reclamar un fuerte incremento de la factura para pagar los costes de generación
17.05.08 -
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, trató ayer de calmar los ánimos de los consumidores ante la inminente subida de la tarifa eléctrica. La decisión que tome el Ejecutivo al respecto, aseguró, tratará de conciliar los intereses de todas las partes implicadas, y la disposición será siempre «motivada y razonada». El Partido Popular exigió al gabinete de Rodríguez Zapatero que explique la semana próxima en el Congreso el aumento de precio, que deberá entrar en vigor el 1 de julio.
La Comisión Nacional de la Energía ha propuesto al Gobierno un alza media del 11,3%, después de que miembros de la Administración mencionaran subidas de hasta el 20%. Los ánimos en las asociaciones de consumidores están muy caldeados y no han faltado críticas ante lo que parece un cambio de política tarifaria, pues el Ejecutivo hasta ahora había apostado por subidas en el entorno del IPC.
Por eso Fernández de la Vega salió al paso con un mensaje conciliador. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta aseguró que la subida del recibo de la luz (que en España pagan casi 25 millones de familias) se adoptará «teniendo en cuenta los intereses de las empresas y de los consumidores y las llamadas tarifas sociales, destinadas a los menos favorecidos».
Su discurso no calmó, ni mucho menos, al primer grupo de la oposición. El PP quiere que el Ejecutivo aclare en sede parlamentaria la subida, sus razones y «las medidas concretas en materia de política energética que se van a desarrollar en los próximos años para garantizar un suministro económico y fiable».
El sector eléctrico también se pronunció sobre la tarifa. Luis Atienza, presidente de Red Eléctrica de España (REE), recordó que las empresas sufren unos altísimos costes de generación que, de algún modo, han de verse satisfechos. «Esa factura hay que pagarla; y si no la pagamos ahora, la pagaremos en el futuro», enfatizó.
54.000 familias
Por otro lado, la nueva tarifa nocturna de energía, que también entrará en vigor 1 de julio, obligará a las familias acogidas a esta modalidad -54.000 en el País vasco- a pagar una media de 140 euros más al año, según cálculos de la Unión de Consumidores de España (UCE), que considera que los cambios aplicados son «inconstitucionales».
UCE entiende que el Gobierno ha «impuesto» un decreto «inconstitucional» con el que se obliga a los usuarios a pagar la máxima potencia demandada. Por este motivo, solicita al Ministerio de Industria la «paralización inmediata» de este «atropello», que genera una «clara indefensión jurídica y una quiebra patrimonial».
