El Correo Digital

Mientras la fotografía de Juan Manuel Piñuel y una corona en su honor permanecían ayer solitarias sobre el monumento en honor a las víctimas del terrorismo situado en la explanada del Parlamento vasco, en el interior de la Cámara los representantes del tripartito, EHAK y Aralar unían sus votos para aprobar una resolución en la que acusan al Gobierno central de «amparar» de forma «sistemática» a la Guardia Civil y a la Policía ante las denuncias de torturas. Los grupos que respaldaron el texto consideran que los malos tratos no son «aislados» y que el Ejecutivo central no toma medidas para impedirlos. Socialistas y populares calificaron de «obscena» esta iniciativa, mientras que el propio José Luis Rodríguez Zapatero salía a la palestra para defender la labor de las fuerzas de seguridad y pedir «responsabilidad».

La unidad mostrada por todas las formaciones políticas tras el atentado contra la casa cuartel de Legutiano ha durado dos días. El miércoles, todos los partidos -incluido el PNV- comparecían de manera conjunta en el Congreso de los Diputados para condenar el asesinato de Piñuel. El jueves, el Parlamento vasco celebraba un acto inédito. Por primera vez homenajeaba a un guardia civil fallecido a manos de ETA. Un agente del instituto armado y un ertzaina depositaron una corona de flores bajo la imagen de Piñuel. Un txistulari interpretó el 'Agur Jaunak' mientras mandos de ambos cuerpos se cuadraban. Todo en presencia de una amplia representación política encabezada por Juan José Ibarretxe, la vicepresidenta del Gobierno central, María Teresa Fernández de la Vega; el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; y la presidenta de la Cámara, Izaskun Bilbao.

Apenas un día después y en el mismo escenario en el que habían aprobado una declaración institucional de condena del atentado, los grupos parlamentarios destrozaron la instantánea de aparente unidad. Las siete formaciones con representación en la Cámara se enzarzaron en una trifulca verbal en la que desapareció cualquier atisbo de consenso y que acabó con el dirigente popular Carlos Urquijo gritando desde el estrado «¡Viva la Guardia Civil!».

El origen de la bronca estuvo en una moción de Aralar. El texto reprochaba al Gobierno español su postura «sistemática» de «amparar sin excepción» a las fuerzas policiales ante las denuncias de torturas y rechazaba «el total amparo» de Rubalcaba a ocho guardias civiles acusados de presuntos malos tratos a los supuestos etarras Igor Portu y Mattin Sarasola.

La proposición no de ley pedía al Ejecutivo una investigación interna, la derogación del régimen de incomunicación y la grabación de los detenidos. Al documento original, y a instancias del PNV, EA y EB, se le añadió un punto adicional en el que se reclama al Gobierno que «cese la práctica de concesión sistemática de indultos a las personas condenadas por delitos de torturas».

Antes incluso de que comenzase el debate, el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, pidió a la representante de Aralar, Aintzane Ezenarro, que retirase la propuesta ante el «excepcional momento», tras el asesinato de Piñuel. La parlamentaria abertzale se negó. Argumentó que el «cruel atentado» no puede restar importancia «a otras actitudes que también son denunciables». Además, dijo no aceptar «lecciones de decencia» del PSE y PP, a los que acusó de «mezclar los temas» por interés.

«Fuera de contexto»

A partir de ahí, los reproches se sucedieron. Pastor calificó la iniciativa de «obscena» cuando «la fotografía de Piñuel permanece todavía en el exterior del Parlamento» y recordó que ETA utiliza la «tortura como pretexto». En una línea similar, Carlos Urquijo acusó a Ezenarro de no tener «decencia» por no retirar la propuesta, que tachó de «soberano despropósito». «Lo que no puede es participar ayer en un homenaje a un guardia civil asesinado y hoy arrojar dudas», sostuvo de forma vehemente el parlamentario popular, quien concluyó su intervención con un «¡viva la Guardia Civil!».

La respuesta de los partidos que respaldaron el texto fue la contraria. Desde el PNV, Gema González de Txabarri afirmó que «no tiene que ver una cosa con otra» y acusó al PP y al PSE de «indecencia» por mezclar ambas cuestiones. Unos planteamientos muy similares defendieron Rafa Larreina (EA) y Oskar Matute (EB). Itziar Basterrika, de EHAK, señaló que «vivimos tiempos muy duros».

La polémica llegó hasta Lima, donde está Zapatero. El presidente del Gobierno pidió «responsabilidad» al Parlamento vasco, defendió la labor de las fuerzas de seguridad y calificó de «fuera de contexto» e «infundada» la iniciativa de Aralar.