GENERAL
El Gobierno vasco regulará los campos de golf para impedir 'pelotazos' urbanísticos
El Parlamento reclama una normativa que desligue este deporte de la promoción inmobiliaria de chalés y adosados
17.05.08 -
PROLIFERACIÓN. Más de 20.000 personas están federadas en Euskadi para la práctica del golf. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ
CAMPOS ACTUALES
El Gobierno vasco deberá iniciar este mismo año el proceso para regular a medio plazo la instalación de campos de golf en Euskadi, pero con la vista puesta más en su vertiente de negocio inmobiliario que como meras instalaciones deportivas. Así se deduce del mandato que le efectuó ayer por amplia mayoría el Parlamento autonómico, donde los tres grupos mayoritarios -PNV, PSE y PP-, además de EA, rubricaron un texto conjunto tras una iniciativa de paternidad socialista.
La participación en el debate de los primeros espadas de cada formación en asuntos urbanísticos ya dio idea de que no se iba a hablar de 'swings', 'puts' ni 'handicaps', sino de chalés y adosados con vistas al 'green'. El socialista Jesús Loza enfocó pronto el motivo de su iniciativa. Los campos previstos en las localidades de Laguardia y Labastida, en la Rioja Alavesa, «nos llenan de preocupación», señaló, porque están diseñados para que «las promotoras hagan un buen negocio. Lo que no está claro es que también lo sea para los ayuntamientos ni para sus habitantes», dijo.
En Labastida, un promotor está interesado por ejecutar un campo y acompañarlo con 750 viviendas. El proyecto ya ha pasado por la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, que ha condicionado su aceptación a varias modificaciones. En Laguardia, el Ayuntamiento parece haber desechado ya el plan para un proyecto de corte similar, pero de cifras más reducidas. Preveía 120 casas.
Loza recordó a los parlamentarios que comunidades como Andalucía, Murcia o Valencia ya se han dotado de un marco normativo específico para regular la instalación de campos de golf. En algunas de ellas se impide que se ejecuten como parte de una operación inmobiliaria salvo que se produzca en zonas de claro interés turístico. «Tenemos que ponernos ya en marcha -dijo el portavoz del PSE-, porque en Andalucía se tardó dos años en hacer un decreto de consenso». Además, el actual escenario de crisis inmobiliaria ayudará, según Loza, a definir los criterios «sin presiones».
Suspensión cautelar
La aprobación de la iniciativa socialistas se materializará en que este mismo año los departamentos implicados del Gobierno vasco deberán elaborar sendos informes acerca del fenómeno, que servirán de arranque a la discusión política. PNV y EA cuestionaron que sea necesaria una nueva regulación cuando la actual «ya impide» movimientos especulativos en torno a estos campos, aunque admitieron que «todo se puede mejorar». El PP se mostró partidario de llenar el «vacío normativo», mientras EB y EHAK no apoyaron la medida al exigir que conllevara la suspensión cautelar de todos los proyectos sobre la mesa.
