El Correo Digital

De los funerales clandestinos al histórico homenaje que, con la máxima solemnidad, rindió el Parlamento vasco al guardia civil Juan Manuel Piñuel el jueves, en la sede del Legislativo de Vitoria. Las instituciones y la sociedad vasca han recorrido un largo camino hasta hacer posibles actos como el que tendrá lugar este mediodía en el Kursaal donostiarra.

El hecho de que una ceremonia como ésta se haya visto sometido en las últimas horas a graves tensiones después de que el Parlamento vasco aprobara la «obscena» iniciativa -a juicio del PSE y el PP- de acusar al Gobierno central de amparar a las fuerzas de seguridad ante las denuncias de «torturas» a detenidos demuestra que todavía queda mucho trabajo por hacer. Pero, por segundo año consecutivo, la mayor parte de la clase política -volverá a faltar el PP- y cientos de ciudadanos compartirán patio de butacas con una amplia representación de las víctimas del terrorismo para dignificarlas, arroparlas y poner en común un mensaje inequívoco de deslegitimación del terrorismo: «No hay causa que justifique el empleo de la violencia y la extorsión para la consecución de objetivos políticos y no es admisible la concesión de contrapartida alguna de naturaleza política para conseguir la paz».

El entrecomillado anterior forma parte de la declaración que realizó Maixabel Lasa el 30 de abril en San Sebastián, durante la convocatoria de prensa en la que presentó la convocatoria de hoy. Viuda del ex gobernador civil de Guipúzcoa Juan María Jáuregui, asesinado por ETA el 29 de julio de 2000, Lasa es la máxima responsable de Dirección de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco desde su creación, en diciembre de 2001.

Militante socialista y funcionaria de Osalan, Maixabel Lasa tomó posesión de su despacho en un edificio de oficinas del centro de Vitoria (a unos dos kilómetros de distancia de la sede administrativa del Ejecutivo autónomo, en Lakua), en un momento en el que la celebración de un acto como el de hoy resultaba impensable. Por su carga simbólica, el homenaje del Kursaal y el que tuvo lugar el 22 de abril de 2007 en el Euskalduna de Bilbao, son dos de los logros principales de una difícil labor sometida a los vaivenes de la política y marcada no pocas veces, por la soledad y la incomprensión. Un trabajo en el que los grandes objetivos se marcan a largo plazo, donde lo importante es avanzar paso a paso mientras se afianza el trayecto recorrido.

Avance y retroceso

La labor de la Dirección de Víctimas ha confluido con el trabajo desarrollado en el seno de la ponencia constituida específicamente para estos temas en el Parlamento vasco. Destaca como un progreso espectacular el homenaje que el jueves rindió el Parlamento vasco a Juan Manuel Piñuel, cuyo carácter de hito «histórico» es reconocido por la propia Maixabel Lasa.

La imagen del guardia civil y el ertzaina que realizaron una ofrenda foral ante la fotografía del agente fallecido, la interpretación del 'Agur Jaunak' saludado por miembros de ambos cuerpos policiales y la presencia de una amplisima representación de los gobiernos central y vasco y de todas las fuerzas políticas, salvo la izquierda abertzale, honraron como nunca se había hecho hasta ahora en Euskadi a un funcionario de la Seguridad del Estado asesinado por ETA.

No obstante, apenas 24 horas después, y también en sede parlamentaria, volvió a ponerse de manifiesto la existencia de determinadas actuaciones políticas que contribuyen a alimentar las desconfianzas que muchas víctimas aún mantienen hacia los partidos y las instituciones vascas. Mientras el retrato de Piñuel continuaba colgado del monumento a las víctimas recientemente erigido a la entrada del Parlamento, Aralar se negó a aplazar como grupo proponente el debate de una moción que acusaba al Gobierno central de «amparar» a la Guardia Civil y la Policía Nacional ante las denuncias de torturas. El texto fue aprobado con el apoyo del tripartito y de EHAK, formación que, una vez más, brilló por su ausencia en los actos de condena a ETA.

En todo caso, los responsables de la política de víctimas han encontrado una aliada perfecta en la presidenta de la Cámara, Izaskun Bilbao, que ha interiorizado el papel con el que puede contribuir para que la ciudadanía de Euskadi en su conjunto reconozca a los damnificados por el terrorismo como lo que son, miles de personas que han sufrido directamente o a través de sus seres más próximos el impacto de una banda de asesinos que dice matar en nombre del pueblo vasco.

Cada progreso en el camino hacia la dignificación y la reparación de las víctimas resulta más significativo si se analiza con una perspectiva temporal. Antes de que el Gobierno vasco pusiera en marcha la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo, adscrita a Interior, la competencia recaía en una oficina asistencial de carácter administrativo. Salvo casos aislados atribuibles al esfuerzo personal de algunos funcionarios, la relación con las víctimas brillaba por su ausencia.

La sociedad daba la espalda a las víctimas en una época de tensionamiento político agudizado tras la ruptura de la tregua de Lizarra. Tiempos de división con episodios tan marcados como la manifestación celebrada en Vitoria por el asesinato de Fernando Buesa, una marcha partida en dos en la que el grupo de cabeza se convirtió en una columna de apoyo a Ibarretxe.

El primer cometido de Maixabel Lasa, de Jaime Arrese -hijo del dirigente de UCD del mismo nombre asesinado en 1980- y del resto del equipo inicial de la dirección - Txema Urkijo, entonces en Derechos Humanos, se incorporaría más adelante- fue entablar contacto telefónico con cada víctima vasca. Aún recuerdan la sorpresa con la que reaccionaban sus interlocutores, sin llegar a creerse que las llamadas procedieran del Gobierno vasco.

Las primeras citas en lugares públicos enhebraron relaciones de confianza que cargaron a la Dirección de razones para intentar ampliar su ámbito geográfico de actuación. Se celebró una primera y dura reunión en Sevilla con todas las asociaciones de damnificados, a través de la Fundación de Víctimas. Cada encuentro se convirtió en una auténtica terapia de grupo, donde, por fin, éstas podían transmitir a un organismo dependiente del Gobierno autónomo su malestar e impotencia por tantos años de abandono.

En paralelo, el Parlamento vasco creó en verano de 2002 una ponencia específica de víctimas del terrorismo, que, un año más tarde, aprobaría trece acuerdos fundamentales para paliar la situación de los damnificados, entre ellos la celebración de homenajes como el de hoy. En los años siguientes, las asociaciones de víctimas visitarían la Cámara de Vitoria y plantearían sus quejas a los representantes de los partidos que, a su vez, viajarían por el resto de España para profundizar en los contactos.

Tras una sucesión interminable de aplazamientos, la aplicación de los acuerdos de la ponencia ha sufrido un impulso notable. La Cámara autonómica celebró en octubre de 2007 el primer pleno monográfico de víctimas, que tendrá continuidad el 13 de junio, con el debate del proyecto de ley de reconocimiento y protección de los damnificados. La norma reconoce con rango legal los derechos de los afectados por el terrorismo a «la paz y la convivencia, la verdad y la memoria, la justicia, la dignidad y la reparación».

Desconfianzas

Superada la desconfianza inicial en muchos casos, las relaciones de la Dirección de Víctimas con la AVT han resultado imposibles en los últimos años y el desacuerdo sigue siendo patente con Covite, que respeta la labor de la oficina pero considera que esta política del Gobierno vasco deja de ser creíble cuando es confrontada con otras actuaciones del propio Ejecutivo. La invitación a la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat a un acto de Derechos Humanos o la condena por el tripartito del encarcelamiento de la alcaldesa de Mondragón han servido de justificación al colectivo de Cristina Cuesta para renunciar a su decisión inicial de participar en el homenaje del Kursaal, aun cuando disponía de ocho minutos para exponer su postura ante el auditorio.

El año pasado, Covite tampoco acudió al Euskalduna, disconforme con que el lehendakari tomara la palabra en el acto. En aquella ocasión, Ibarretxe leyó un discurso para pedir perdón a las víctimas del terrorismo en nombre de la sociedad vasca. En ambas ocasiones, la postura de Covite ha sido secundada por el PP.

Los hechos han vuelto a demostrar que la oficina seguirá teniendo que hacer frente a determinadas resistencias mientras Ibarretxe continúe en Ajuria Enea. Amplios sectores de damnificados echan en falta que sus asuntos constituyan un pilar de la acción del Ejecutivo en la política de pacificación. Además de reclamar al lehendakari mayor firmeza frente a ETA, perciben su 'hoja de ruta' como un intento de imponer un peaje político para la consecución de la paz. La Dirección de Víctimas ha reconocido, en palabras de su adjunto, Txema Urkijo, que la presentación por Ibarretxe de su proyecto de normalización en el pleno de política general de septiembre de 2007 «trajo consigo una caída de confianza terrible en el ámbito de las víctimas».

Aún así, el reconocimiento de éstas sigue ganando espacios. El ex guardia civil murciano José María Morales mostró hace unos días su satisfacción en uno de los numerosos homenajes a los damnificados que se están celebrando en los municipios vascos: «Quién me iba a decir hace diez años que un 'picolo' iba a estar hablando en un ayuntamiento», comentó reconfortado en el Consistorio de Basauri.

Pero, como ha ocurrido esta semana en el Parlamento, cada avance presenta un polo negativo. Y es que la propia dinámica de los homenajes demuestra que aún queda un largo camino que recorrer en la sensibilización de la sociedad vasca con los afectados por el terrorismo. «No he visto ni a los de la cuadrilla de mi padre, ni a los de la cuadrilla de mi hermano ni a mis amigos», constató el hijo de un hombre asesinado por ETA en los años ochenta homenajeado recientemente en un municipio guipuzcoano.