El Correo Digital

Hay semanas en que este observador de la realidad política se las ve y se las desea para encontrar un asunto de relevancia sobre el que llenar el par de cuartillas que se le han encomendado para publicar cada domingo. Hay otras, en cambio, en que la dificultad se le plantea a la hora de seleccionar, de entre los muchos que se presentan, aquel que pueda resultar más interesante para quien las lee o -todo hay que decirlo- más acorde con las obsesiones de quien las escribe. La semana que hoy acaba, y que se prolongará, sin duda, en la que mañana empieza, pertenece a esta segunda categoría. Como si los acontecimientos se hubieran puesto de acuerdo para agolparse en estos siete días con el fin de hacer casi imposible, tanto al lector como al escritor, decidirse por uno de ellos para su comentario y reflexión. Hasta enumerarlos, sin omitir ninguno, resulta tarea complicada.

Destaca, sin ninguna duda, el atentado que ETA perpetró en la casa cuartel de Legutiano y en el que la muerte de un solo guardia civil, Juan Manuel Piñuel, se vivió casi como un alivio por la milagrosa salvación de las otras muchas personas que podrían haber quedado sepultadas bajo los escombros. Merece también mención especial, por ya olvidada, la reacción unitaria de condolencia y condena que los partidos democráticos expresaron de inmediato en cuantos foros de representación pudieron reunirse. Entre nosotros, aquí en el País Vasco, ha llamado positivamente la atención la organización de ciertos actos simbólicos de solidaridad y repulsa, como el insólito que la presidente del Parlamento vasco improvisó, con encomiable valentía y acierto, en la sede de la institución que dirige. ¡Casi treinta años ha costado hacer de curso normal lo que todavía venía considerándose anormal profanación!

En otro orden de cosas, aunque, como veremos, no muy diferente, hoy mismo se celebra en el Kursaal de San Sebastián -una vez más con polémica- el segundo acto de solidaridad con las víctimas que la Dirección de ellas encargada tiene previsto organizar cada año en cumplimiento del correspondiente mandato de los partidos democráticos del Parlamento. Asimismo, el encuentro que el próximo martes tendrá lugar en La Moncloa entre el presidente del Gobierno español y el lehendakari del Ejecutivo vasco ha suscitado una expectación notable. Y, para cerrar el recuento, la todavía presidente del Partido Popular en el País Vasco se ha empeñado en ocupar el lugar de protagonista, entre tantos competidores como acabamos de enumerar, con el anuncio, entre chantajista y retador, de su eventual abandono de la presidencia que ahora ostenta a causa de la quiebra de confianza que se le habría producido respecto de la dirección nacional de su partido.

La lista es, pues, larga y variada. Tanto que podría parecer imposible de abarcar en este comentario de tasada dimensión. Sin embargo, y como suele ocurrir con casi todas las cosas de la política en este nuestro pequeño país, toda ella se encuentra atravesada por ese hilo rojo -«der rote Faden» de los alemanes- que delata la conexión que existe entre sus elementos integrantes y cuya traza resulta perceptible a poco que se mire con un mínimo de atención. Me refiero al inacabable problema del terrorismo y a las infinitas propuestas para su solución. Pues, si insoportable es la persistencia del primero, todavía más intolerable resulta que sigamos enredándonos en las segundas.

La breve historia de la democracia en nuestro país está entreverada de terrorismo. Nunca se ha visto libre de él, sino que siempre ha tenido que soportar los intermitentes sobresaltos que sus acciones producen. Y, sin embargo, a estas alturas de tan importunante vecindad, no hemos dado aún con el modo de evitar, si no el daño directo que causa, sí, al menos, los efectos colaterales que produce. Entre éstos el más sobresaliente es, sin duda, el de la división. Hoy es todavía el día en que discrepamos sobre las causas del mal y nos enfrentamos por los remedios a aplicar. Y así, la unidad que esta semana parece haberse instalado de nuevo entre nosotros nos parece a algunos tan frágil y forzada que tememos se rompa en cualquier momento. Quizá cualquier día de la semana que mañana comienza.

Y es que quedan aún bastantes entre nosotros, demasiados, sin duda, que, aquejados de una especie de mala conciencia democrática, actúan como si vivieran -y así lo han afirmado ellos mismos- en una «democracia de baja calidad». Asumen, en consecuencia, la responsabilidad que el terrorismo pretende transferir al sistema, como si fueran los déficits de éste, y no el fanatismo de aquél, la causa de la persistencia del problema. Proceden así a diseñar medidas cada vez más imaginativas y estrambóticas, como si en los parches y retoques que ellos inventan para reparar los supuestos defectos de la democracia en que viven residiera el remedio definitivo del mal que nos aqueja. No caen en la cuenta -o quizá fingen no hacerlo- de que es precisamente esa su mala conciencia democrática, junto con las artificiosas soluciones que de ella dimanan, la que en mayor medida contribuye a la retroalimentación del propio terrorismo. Por eso, mientras aquel sentimiento de culpabilidad perdure, será difícil conseguir, no sólo que los terroristas desistan, sino siquiera que la unidad frente a ellos sea algo más que flor de un día o expresión de una emoción pasajera.

Nadie niega que esta democracia, como cualquier otra del entorno, tiene defectos, algunos de ellos incluso graves, ni que resulta siempre necesario tratar de subsanarlos. Pero convendría primero diagnosticarlos con rigor, no sea que por déficits del sistema se tomen, como de hecho ocurre, las propias utopías frustradas. En cualquier caso, los problemas de la democracia corresponde resolverlos a los demócratas, y sería un grave error pensar que, por muy bien que éstos logren solucionarlos, el fanatismo terrorista dejaría de ser lo que es y de actuar como actúa. La relación que entre terrorismo y democracia se produce no es exactamente de pura proporcionalidad inversa, sino de simple y llana incompatibilidad. Resulta, por tanto, ingenua, cuando no malintencionada, cualquier creencia en una posible transacción, directa o indirecta, abierta o encubierta, entre violencia y política que prometiera el final de aquella. El hilo rojo que todavía une a ambas en la mente de algunos debe ser definitivamente cortado. Sobre esta deslegitimación radical habría de basarse la unidad que tanto nos cuesta mantener.