El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, respondió ayer al Parlamento vasco que el Gobierno no permite las torturas y calificó de «muy grave» e «incierta» la resolución en tal sentido aprobada el viernes en la Cámara de Vitoria. Los partidos que apoyan al Ejecutivo vasco (PNV, EA y EB), junto con EHAK y Aralar, aprobaron en su resolución que el gabinete socialista ampara de forma «sistemática» a la Guardia Civil y a la Policía ante las denuncias de torturas, y que no toma medidas para impedir los malos tratos, que «no son aislados». En dicho texto, además, se menciona expresamente al titular de Interior.
Como respuesta, Rubalcaba declaró en Cádiz que, aunque «todo el mundo sabe que ETA da instrucciones a sus militantes de denunciar torturas inmediatamente después de ser detenidos», el Gobierno «no ampara nada, y mucho menos las torturas». Aseguró que «se investigan todas» las denuncias y que «los primeros y más interesados en que esas investigaciones se lleven a cabo y en que el Estado de Derecho actúe son la Guardia Civil y el Ejecutivo».
Pérez Rubalcaba recordó que las denuncias que motivaron la resolución del Parlamento vasco, las presuntas torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola, dos de los etarras que volaron la T-4, «están investigándose en este momento en sede judicial».
Por su parte, Patxi López también lamentó lo sucedido en el Parlamento y acusó a los partidos que apoyaron el texto de «asumir el manual del terrorista detenido». «Es tremendo e inmoral olvidarse tan rápidamente de la víctima del día anterior (en alusión al agente asesinado en Legutiano) y utilizar los argumentos de sus victimarios en un ejercicio de irresponsabilidad enorme», agregó.
Durante el Congreso del PSE de Guipúzcoa, el secretario general de los socialistas vascos rechazó «la imagen que dieron algunos partidos» cuando, «olvidando lo que acababa de pasar», tuvieron «la inmoralidad de decir que el Gobierno de España ampara torturas sistemáticas». El dirigente del PSE remarcó que su formación ofrece «unidad entre los demócratas para combatir a ETA y a los que todavía apoyan y jalean sus acciones criminales».
López señaló que, en medio de «la sombra de muerte y destrucción que ETA ha querido instalar en la sociedad», se puede encontrar «un rayo de luz» con «la dignidad» con la que se ha despedido a Juan Manuel Piñuel. El líder del PSE aludía a la «imagen inédita de cercanía y solidaridad» entre los representantes políticos vascos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Ertzaintza que se dio el jueves en el Parlamento vasco.
En la balanza
La reacción más airada fue la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que pidió al presidente José Luís Rodríguez Zapatero que no reciba el martes en La Moncloa a Juan José Ibarretxe, tal y como está previsto, como respuesta a la «ofensa» que el Parlamento vasco ha hecho «a todos y, sobre todo, a la Guardia Civil».
Aguirre recordó que la acusación al instituto armado se produjo «sólo 48 horas después de haber enterrado al último servidor público víctima de los terroristas de ETA». «De ninguna manera se puede poner en el mismo lado de la balanza a los terroristas y a los asesinados», señaló. La pretensión de la dirigente popular fue rechazada por el Gobierno socialista, que confirmó que se mantiene el encuentro con Ibarretxe.