Mayor colaboración de las administraciones riojanas, principalmente de la regional, para que la información que solicite la Defensora del Pueblo Riojano «llegue en plazo» y no sea «sesgada». La falta de respuesta es una de las críticas que la Defensora, María Bueyo Díez Jalón realizó ayer durante la presentación del Informe Anual 2007 de su institución en el Parlamento de La Rioja.
Durante el año pasado, la Defensora del Pueblo recibió 345 consultas, tramitó 386 quejas, emitió 20 recomendaciones, 14 sugerencias y 20 procedimientos de oficio. De las consultas, 81 se convirtieron en queja -el 23,48% y de ellas se admitieron a trámite 270-.
De ellas, 43 se destinaron a la Función Pública y Justicia; 41 a Sanidad (listas de espera y Ley de Dependencia); 38 se dirigieron a Urbanismo y Vivienda; 28 a Hacienda; 23 a Educación (acceso a los centros y becas); 14 a agricultura y 28 a Servicios Sociales (falta de plazas en residencias y centros de día). Según Díez Jalón las áreas que han centrado mayor atención de los ciudadanos son Salud, Servicios Sociales y Educación. Así, 354 quejas se resolvieron y 32 quedan pendientes.
Por otro lado, Díez Jalón destacó que los ciudadanos han manifestado su malestar ante el silencio administrativo que se usa para desestimar sus peticiones. En cuanto a ayuntamientos, la Defensora detalló que el de la capital riojana es el que mayor número de peticiones de información ha recibido (56), por lo que también es el consistorio que mayor número de quejas ha registrado.
Valoración política
Por su parte y tras escuchar atentamente el informe de la Defensora del Pueblo, los grupos políticos tomaron la palabra. El socialista Francisco Martínez Aldama, que dijo que el informe era «prolijo, intenso y realizado con rigor», se alarmó de que las quejas en materia social sean limitadas y propuso la creación de la figura del adjunto a la Defensora. También solicitó que, además de analizar las leyes estatales, se trate de la misma forma las normas aprobadas por el Ejecutivo regional o el propio Parlamento.
Por su parte, el portavoz popular, Carlos Cuevas, criticó que «la oposición utilice las resoluciones de la Defensora para atacar al ejecutivo y que copien sus resoluciones para plantearlas como iniciativas». Así, aseguró que esta institución «es un colaborador crítico de la administración, aunque algunos parece que no lo han entendido y lo utilizan como arma arrojadiza».
Por su parte, Miguel González de Legarra, portavoz del grupo Mixto, alabó la labor de está institución «necesaria» y resaltó que su labor no es «perseguir a las administraciones, sino persuadirlas para hacer que rectifiquen».