La financiación de la operación urbanística que servirá para que el tren de alta velocidad entre en Vitoria con unas vías soterradas sigue en el aire. La esperada reunión celebrada ayer en Madrid entre las instituciones implicadas -Gobiernos central y vasco, Diputación y Ayuntamiento- sirvió para evidenciar las diferencias económicas que mantienen sus representantes a la hora de concretar el proyecto. Hay acuerdo en el trazado, en que habrá una estación intermodal en Arriaga y en que las obras costarán la friolera de 476 millones de euros. Ahora bien, ¿cómo se reparte el gasto? No hay respuesta. El encuentro culminó sin un compromiso firme de todas las partes a la hora de afrontar la descomunal factura. A pesar del jarro de agua fría, los asistentes se comprometieron a «aclarar» esta cuestión en septiembre y a formar la sociedad que gestionará la operación.

La reunión venía precedida de cierta polémica tras los desencuentros entre el alcalde, Patxi Lazcoz, y la consejera vasca de Transportes, Nuria López de Guereñu, con motivo de la seguridad del tranvía. Era un día propicio para limar asperezas y blindar el soterramiento, así que cada institución trasladó al resto su implicación en el plan.

De entrada, el Ministerio de Fomento se comprometió a sufragar 140 millones de euros -lo que cuesta traer la alta velocidad a la ciudad- y a ceder a Vitoria el terreno que quede libre cuando se retiren las actuales vías que fracturan en dos la ciudad. En ese corredor se podrán hacer 1.500 viviendas y oficinas, lo que reportará otros 100 millones en plusvalías. Por su parte, el Ayuntamiento de Vitoria -que estuvo representado por el alcalde y por los portavoces del PP y del PNV, Javier Maroto y Mikel Martínez-, se comprometió a aportar «otros 63 millones». Es decir, que después de descontar estas cantidades quedan 173 millones por desembolsar.

Las dos instituciones restantes no afinaron tanto, a pesar de las reuniones preparatorias que antecedieron a un encuentro que muchos consideraban clave. El Gobierno vasco no avanzó una cifra concreta, ya que «nadie nos había hecho una propuesta oficial», señalaron fuentes del Departamento de Transportes. No obstante, avanzaron su compromiso de aportar una cantidad económica que evitaron precisar.

La Diputación también mantuvo las distancias a la hora de anunciar cifras, pero mostró su «compromiso» con el proyecto. «Es una buena noticia porque se puede decir que el soterramiento ya está blindado. Sabemos el cómo y ahora hay que saber el cuánto», matizó.

Según ha podido saber este periódico, el diputado peneuvista de Obras Públicas y Transportes, Luis Zarrabeitia, baraja poner sobre la mesa entre 25 y 35 millones para levantar la estación de autobuses de Arriaga -primera fase de la futura intermodal y prioridad foral- y, con la cantidad restante, ayudar «de forma más simbólica que decisoria» al resto de instituciones en el plan del soterramiento.

El alcalde, Patxi Lazcoz, había puesto todas sus esperanzas en atar un acuerdo económico definitivo. No pudo ser, así que optó por ver la botella medio llena. «Sabíamos que era muy complicado, pero hemos ratificado que Fomento financiará el 51% de la obra. Nosotros ponemos 63 millones. El Gobierno vasco no ha concretado cifras, y quizá esto haya retraído un poco a la Diputación. Pero lo importante es que volveremos a reunirnos en septiembre». El alcalde ve ese encuentro como «determinante», ya que Vitoria «no puede esperar más».

El portavoz del PP, Javier Maroto, reiteró el apoyo «total» de su grupo al soterramiento y se mostró «convencido» de que saldrá adelante. Eso sí, reconoció con ironía su sorpresa tras apreciar «que algunos vienen a reuniones tan importantes con propuestas sin trabajar», en referencia al Gabinete Ibarretxe.

Nuevo plazo

Todo indica, por tanto, que los representantes de las cuatro instituciones implicadas han decidido respirar hondo y darse una tregua para volver a reunirse en septiembre. Después del compromiso de Fomento, la pelota está en el tejado del Gobierno vasco, la Diputación y el Ayuntamiento, que están obligados a ponerse de acuerdo para repartirse el gasto restante.

Las instituciones vascas se han comprometido a llegar a un acuerdo antes de la segunda quincena de septiembre. Si hay apretón de manos, volverán a reunirse con el Gobierno central para agilizar la constitución de la sociedad pública que gestionará el proyecto. Algunas fuentes no descartan que este órgano pueda contar con capital privado.

Después, se contratará el estudio informativo, que dará luz verde al proceso administrativo previo a unas obras que empezarán «en 2010 ó 2011» y que durarán entre cuatro y cinco años.