02.08.08 -
Una buena parte de los accidentes de tráfico podrían evitarse si se respetasen las normas viales. / EL CORREO
LAS CLAVES
El pasado 27 de mayo se produjo una persecución policial en pleno casco urbano de Vitoria. Comenzó en el Portal de Zurbano y el fugitivo alcanzó velocidades de hasta 140 kilómetros por hora. Lo preocupante del asunto es que no se trata de un hecho aislado. En lo que va de año han ocurrido sucesos similares en Salburua y hasta en plena calle Florida. En todos los episodios, quien escapaba lo hacía tras ser descubierto 'haciendo el cabra': trompos, carreras ilegales o simplemente trataba de evitar que la Policía lo pillase borracho al volante.
Todos ellos son casos extremos, la punta más visible de un iceberg que amenaza la seguridad sobre el asfalto. Por eso, la autoridad estrecha el cerco y persigue cada vez con más ansia los delitos de tráfico. En el primer semestre de este año se han iniciado 463 procedimientos contra conductores que cometieron delitos contra la seguridad vial. La cifra supone un incremento del 33% con respecto a los 346 juicios celebrados en el mismo período del último ejercicio. ¿Quiere esto decir que ahora se vulnera más la ley? No. Lo que ocurre es que ha cambiado la legislación.
Los datos han sido facilitados a EL CORREO por el fiscal delegado de Seguridad Vial en Álava, Manuel Pedreira. Es él quien se encarga de recordar que el aumento se justifica por el endurecimiento del Código Penal, cuya nueva regulación en cuanto a delitos de tráfico entró en vigor el 2 de diciembre de 2007.
Desde entonces «se ha objetivado la tasa de alcohol». Hasta la reforma no bastaba con haber ingerido, sino que, para que fuese delito, debía demostrarse que la bebida afectaba a la conducción. Con el nuevo Código Penal, a partir de una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos el conductor ya puede ser acreedor de una pena de cárcel y la retirada del carné.
Juicios rápidos
Las alcoholemias son el delito estrella, el que más juicios acapara. Por ejemplo, de los 463 procedimientos celebrados este año en el ámbito de la seguridad vial, 377 fueron juicios rápidos. Y, de ellos, 339 fueron por consumo de bebidas. La sentencia se dicta de manera inmediata tras la vista oral porque con los datos de los análisis y las declaraciones policiales, poco hay que investigar. «El 90% de los casos son conformidades, el conductor reconoce que le han pillado y asume su responsabilidad», asegura el fiscal.
El otro motivo que justifica el aumento de procesos en el ámbito de la seguridad vial este año es que se han introducido «nuevos tipos penales, como conducir sin carné». Lo que antes era una infracción administrativa ha pasado a ser un delito por el que, entre enero y junio, han sido condenados 18 conductores en Álava.
Hay un tercer factor importante que tiene que ver con lo anterior, y es que ahora se persigue por la vía penal a quienes desprecian los límites de velocidad. En concreto, a quienes los superan en más de 60 kilómetros por hora en zona urbana y en 80 en carreteras interurbanas. Es decir, quien va a más de 110 por la ciudad y supera los 200 en autopista. Por cometer estos desvaríos ya han sido condenadas 12 personas en la provincia, y varios casos más se encuentran en fase de investigación.
El hecho de que toda esta regulación se base en criterios objetivos hace que, cuando un asunto llega al juzgado, lo haga con garantías. Por eso, dice Pedreira que más del 90% de las sentencias son condenatorias. La mayor parte, por conformidad del acusado, que reconociéndose en falta se libra de una tercera parte de la pena.
Las cosas son diferentes, más complicadas, en el único caso de conducción homicida registrado en Álava este año. También en los supuestos de conducción temeraria, que se refieren, sobre todo, a las carreras que se celebran a menudo en el aparcamiento del Buesa Arena. Eso sí, durante los últimos seis meses nadie ha sido enviado a la cárcel. Sí se dictaron algunas sentencias de prisión, pero fueron sustituidas por trabajos en beneficio de la comunidad y multas. Aunque sí hay un condenado que, aún en libertad, está pendiente de ingresar en la cárcel.
